Violencia contra la mujer

Por Louise Arbour
Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos


La violencia contra la mujer es un fenómeno tan extendido que el Secretario General de las Naciones Unidas recientemente no escatimó palabras para definirlo como “pandémico” y, por ello, “uno de los más grandes desafíos de nuestra época”. Cada día y en todos los lugares del mundo las vidas y los derechos de millones de mujeres están en peligro debido a abusos relacionados con cuestiones de género. Y sin embargo, las medidas de prevención y recurso efectivo han tardado en llegar. El 25 de noviembre, un día dedicado a llamar la atención sobre este tipo de violencia, ofrece también una oportunidad para la reflexión sobre esta cuestión y, lo que es más importante, sobre cómo hacer frente de una forma efectiva a esta injusticia global.

Los datos disponibles no sólo justifican sino que exigen que haya un compromiso para la adopción de medidas concretas. Las mujeres, en sus vidas cotidianas, en el núcleo familiar, como ciudadanas, en su lugar de trabajo o en busca de mejores oportunidades, en la paz y en la guerra, en los campos de refugiados, se enfrentan a una variedad de abusos que se sobreponen quedando a menudo impunes. Un estudio llevado a cabo en 71 países por la Organización Mundial de la Salud reveló que la violencia dentro de la pareja afectó del 23 al 49 por ciento de las mujeres en la mayoría de los lugares contemplados en el estudio. UNICEF informó que, en la actualidad, 130 millones de niñas y mujeres vivas hoy en día han sufrido mutilación genital femenina. Según el Fondo de Población de las Naciones Unidas, 5.000 mujeres mueren cada año como consecuencia de los denominados “crímenes de honor” cometidos por miembros de sus familias. La violación y otros actos de violencia sexual se han utilizado masivamente como instrumento de guerra en Ruanda, Bosnia, Sierra Leona y otros lugares.

Y ésta es sólo la punta del iceberg. Es difícil la recopilación de información exhaustiva sobre la violencia y los abusos contra la mujer, bien por el estigma al que se asocia y el miedo a las represalias, bien porque este tipo de violencia es ampliamente aceptado como un hecho común y casi inevitable, y por ello no digno ni de consideración ni de solución. Aunque la violación, la mutilación genital, el abuso doméstico y conyugal, y ciertos castigos tradicionales como la lapidación y las quemaduras tienen mas posibilidades de alcanzar o de llegar a los titulares del momento y provocar indignación, el infanticidio femenino, la selección prenatal del sexo y la desatención sistemática de las niñas quedan fuera del radar de las autoridades nacionales e internacionales, y alejados del punto de mira de los medios de comunicación y del público.

Sin embargo es obvio que la discriminación y la pobreza exponen a cientos de millones de niñas y mujeres a este tipo de abusos colaterales. La consiguiente negación de derechos básicos como el acceso a los servicios de salud, a la vivienda, a la educación, a la alimentación y al agua, así como a la propiedad, afecta masivamente a las mujeres dejándolas sin los medios y las herramientas necesarias para hacer valer sus derechos en igualdad.

Incluso la globalización y la migración, que pueden aumentar la capacidad de control de las mujeres sobre su propia vida a través de la información, el empleo y cierta capacidad económica, presentan inconvenientes alarmantes. Como señalara el Secretario General, los cambios sociales desencadenados por estos fenómenos “han tendido a producir nuevas formas de violencia contra la mujer, o agravado las existentes, incluida la trata a escala mundial”. También han generado nuevas formas de subordinación ya que las mujeres tienen más probabilidades de encontrar empleo en sectores industriales destinados sólo a mujeres y de baja remuneración. Las mujeres migrantes indocumentadas se encuentran en situaciones de particular vulnerabilidad ante el abuso y tienen escaso acceso a la protección y la reparación.

La paradoja es que la mayoría de los Estados -a pesar de los diversos enfoques y varias velocidades- han aceptado ampliamente el marco de la normativa internacional que aspira a prevenir, combatir y castigar la discriminación y violencia contra la mujer. Decididamente, reconocen que la igualdad y los derechos de la mujer protegidos jurídicamente constituyen derechos humanos, lo cual da a las mujeres el poder de decisión para ostentar o demandar sus derechos, en lugar de hacerlas beneficiarias pasivas de políticas discrecionales. Desde 1979 en adelante, una red de instrumentos jurídicos ha venido consolidando un sistema de protección basado en sólida jurisprudencia. Además el Estatuto del Tribunal Penal Internacional y de los Tribunales Internacionales para la Antigua Yugoslavia y Ruanda destacaron y afrontaron delitos de género durante los conflictos armados.

Lamentablemente la cada vez mayor claridad que aporta la legislación internacional no se ha correspondido con la implementación, políticas y prácticas de los Estados,
especialmente donde más importa, es decir, en las vidas diarias de las mujeres de todo el mundo. Como resultado, el patriarcado, a menudo reforzado por la presión de grupos culturales y religiosos o por la competitividad por el empleo, continúa dominando las relaciones familiares y comunitarias.

La abdicación del Estado respecto de su responsabilidad de proteger los derechos
humanos de las mujeres es inaceptable, tanto si se debe a una táctica como si es el
resultado de la negligencia o equívocos sobre prioridades y valores. La incapacidad de responsabilizar a los agresores de sus actos es especialmente inaceptable.

No hay nada inevitable en materia de violencia contra las mujeres y nada que ganar
desviando la mirada hacia el otro lado. Por el contrario, hay muchas pruebas que
confirman que promover y defender los derechos humanos de la mujer hace avanzar a las sociedades en su conjunto. Lo que se requiere ahora no es sólo un día de reflexión y más promesas retóricas sino un liderazgo decisivo y un compromiso sostenible en el tiempo para poner fin a las prácticas abusivas y la discriminación que impiden avanzar a las mujeres.