Sala de Prensa

Por Kofi A. Annan

Este domingo se cumple el sexagésimo aniversario de la firma de la Carta de las Naciones Unidas en 1945. Casi desde ese momento se ha venido debatiendo aca-loradamente la “reforma” de las Naciones Unidas.
Ello se debe a que el idealismo y las aspiraciones que suscitan las Naciones Unidas siempre han superado los resultados que han obtenido. Muy a menudo, no hemos estado a la altura de las expectativas del mundo.
En los Estados Unidos, el debate actual se centra en dos documentos del Con-greso: un informe preparado por un grupo de trabajo integrado por miembros de los dos partidos y encabezado por el ex Presidente republicano de la Cámara de Diputa-dos, Newt Gingrich, y el ex senador demócrata George Mitchell, y la “Ley de las Naciones Unidas”, presentada por el diputado Henry Hyde y aprobada por la Cáma-ra de Diputados el 17 de junio, que establece un vínculo entre una larga lista de re-formas y la posibilidad de que los Estados Unidos retengan sumas que adeudan a las Naciones Unidas.
Hay numerosos aspectos comunes entre una y otra fórmula, al igual que entre ambas y algunas reformas que yo mismo he propuesto o que, si me incumben, ya he puesto en marcha. Y no es motivo de sorpresa: el deseo de un cambio es generaliza-do, no sólo en los Estados Unidos sino en muchos otros Estados Miembros de las Naciones Unidas, así como entre muchos funcionarios de la Organización.
Todos queremos que la gestión en las Naciones Unidas sea más transparente y responsable, y que sus mecanismos de supervisión sean más potentes e independientes.
Todos desearíamos que la Asamblea General simplificara su programa y su es-tructura de comisiones, de modo que el tiempo y los recursos se dediquen a abordar cuestiones candentes y no a aplicar resoluciones aprobadas hace años en un contexto político diferente.
Todos ansiamos hacer del mecanismo de derechos humanos de las Naciones Unidas un instrumento más digno de crédito y de mayor autoridad, concretamente sustituyendo a la presente Comisión de Derechos Humanos por un Consejo de Dere-chos Humanos, cuyos miembros darían el ejemplo mediante la aplicación de las normas que se les ha encomendado mantener.
Todos desearíamos que se estableciera en las Naciones Unidas una Comisión de Consolidación de la Paz, que coordinara y apoyara la labor de los países que prestan asistencia en la transición de la guerra a la paz, de modo que no se repita la peligrosa recaída en la anarquía que observamos en el Afganistán antes de 2001 y más recientemente en Haití, así como en varios países africanos.
Y todos queremos imponer normas de conducta más estrictas en las misiones de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz, especialmente para poner fin al abuso y la explotación sexuales.
Estos son sólo algunos de los muchos ejemplos. Estoy convencido de que esta convergencia de expectativas nos ofrece, quizás por primera vez en 60 años, una oportunidad de acortar la distancia entre las aspiraciones y los resultados obtenidos.
Las diferencias existentes —no tanto entre las Naciones Unidas y los Estados Unidos como entre la Ley Hyde y las demás propuestas formuladas— guardan rela-ción con dos aspectos básicos: el método que ha de emplearse para efectuar la re-forma y el contexto mundial en que la reforma de las Naciones Unidas cobra tanta importancia.
Para el Sr. Hyde y sus colegas, la reforma sólo puede lograrse si se amenaza con reducir draconiana y unilateralmente la contribución de los Estados Unidos al presupuesto de las Naciones Unidas.
A mi juicio, ese planteo es sumamente erróneo y, de adoptarlo el Gobierno de los Estados Unidos en su conjunto, su efecto contraproducente sería desastroso: rompería la coalición reformista entre los Estados Unidos y otros Estados Miem-bros, cuya presión colectiva, de otra manera, permitiría hacer realidad las reformas.
Las Naciones Unidas son una asociación de Estados soberanos que acordaron, al ratificar la Carta, compartir los gastos de la Organización “en la proporción que determine la Asamblea General”. La escala de cuotas, que determina la parte que co-rresponde a cada Estado Miembro, se renegocia cada seis años, y todos los años la Asamblea General aprueba una resolución —invariablemente apoyada por los Esta-dos Unidos— en que se exhorta a todos los Miembros a pagar sus cuotas de forma puntual, íntegra e incondicional.
Así pues, para hacer cambios o reformas hay que negociar acuerdos con otros Estados Miembros.
Como señaló el grupo de trabajo Gingrich-Mitchell, “para surtir efecto, la di-plomacia estadounidense debe forjar una coalición fuerte que cuente con Estados Miembros clave de diversas regiones y grupos ... muchos de los cuales comparten el vivo deseo de los Estados Unidos de reformar a las Naciones Unidas de modo que se convierta en una organización eficaz”. Esa coalición no se forjará si una nación amenaza reducir su propia contribución de forma unilateral. Otros Estados no acep-tarán ese planteo intimidatorio.
Por fortuna, la propuesta de Hyde no cuenta con el respaldo del Gobierno ni siquiera del grupo de trabajo.
Ahora bien, el contexto mundial es aún más importante. Las Naciones Unidas no existen en el vacío, ni porque sí. Son un foro en el que todos los pueblos del mundo pueden reunirse para encontrar soluciones comunes para sus problemas co-munes y, cuando así lo desean, la Organización es también un instrumento para lle-var a la práctica esas soluciones.
Es indudable que hoy en día hay más problemas mundiales comunes, o al me-nos el mismo número, que cuando se fundaron las Naciones Unidas.
Entre los más preocupantes figura la proliferación de grupos terroristas y de armas de destrucción en masa, así como el peligro de que esas armas caigan en ma-nos de esos grupos.
Estas gravísimas amenazas acechan a las personas de los países ricos y los paí-ses pobres por igual. Que la Conferencia de Examen del Tratado sobre la no prolife-ración de las armas nucleares no haya podido encarar esos peligros parece increí-blemente irresponsable. Espero que los dirigentes políticos del mundo se dispongan a afrontar la cuestión, con mucha mayor urgencia.
Para abordar estas cuestiones necesitamos, entre otras cosas, un Consejo de Seguridad más sólido y representativo.
No obstante, las amenazas que parecen más inmediatas a muchas personas de los países pobres son las de la pobreza, la enfermedad, la degradación del medio ambiente, el mal gobierno, los conflictos civiles y, en algunos casos —es inevitable pensar en Darfur—, la utilización de las violaciones, los saqueos y las matanzas en masa para expulsar a poblaciones enteras de sus hogares.
Sólo avanzaremos si afrontamos todas estas amenazas a la vez. No es razona-ble que una nación espere que la cooperación se oriente hacia las cuestiones que más le importan, a menos que, a cambio de ello, esté dispuesta a ayudar a otras a ocuparse de sus prioridades. Además, como señaló el grupo de alto nivel sobre la re-forma de las propias Naciones Unidas, las amenazas de diferentes tipos están estre-chamente interrelacionadas. La negligencia y el mal gobierno permitieron que los terroristas encontraran refugio en el Afganistán. El caos reinante en Haití provocó intentos de emigración masiva hacia la Florida. Y los sistemas de salud deficientes de los países pobres quizás faciliten la propagación espontánea, o incluso delibera-da, de enfermedades como la gripe aviar de un continente a otro.
Así pues, el desarrollo y la seguridad están interconectados y ambos a su vez están vinculados con los derechos humanos y el imperio de la ley. El principal obje-tivo de mi informe titulado “Un concepto más amplio de la libertad” era sugerir me-didas que todas las naciones en colaboración pueden y deberían adoptar, para pro-gresar en todos estos ámbitos y hacer de las Naciones Unidas un instrumento más eficaz para lograr ese progreso.
Las decisiones podrán adoptarse en septiembre, cuando se reúnan en la Sede de las Naciones Unidas para la cumbre mundial de 2005 dirigentes políticos de todo el mundo, más de 170 de los cuales ya han señalado que asistirán a la cita.
Es muchísimo lo que está en juego. Tal vez tarde en volver a presentarse la oportunidad de forjar una respuesta común para las amenazas comunes. En ese con-texto, y por ese motivo, es tan acuciante la necesidad de reformar y reforzar las Na-ciones Unidas.

El Sr. Annan es Secretario General de las Naciones Unidas.