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Día Internacional de la Mujer: leyes y dicriminación de baja intensidad contra las mujeres

  • Artículo de opinión por Louise Arbour, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos

Al celebrar, el 8 de marzo, del Día Internacional de la Mujer y del progreso que hemos logrado en la realización de los derechos de las mujeres alrededor del mundo, no debemos perder de vista que la discriminación directa e indirecta contra las mujeres persiste de manera generalizada, en la ley y en la práctica, alrededor del mundo. La protesta pública y los encabezados tienden a concentrarse en casos atroces de mutilación genital femenina, penalización de víctimas de violación, esclavitud sexual y tratos degradantes de todo tipo.

Sin embargo, es la discriminación de “baja intensidad”, frecuentemente permitida por la ley, la que condena a millones de mujeres a la pobreza y al sufrimiento diario. Excepto por alguna crítica esporádica y casi ritual, estas condiciones persistentes continúan fuera del radar internacional.

Un estudio reciente de las Naciones Unidas, subraya que esto ocurre a pesar de que los derechos de igualdad y no discriminación contra las mujeres se encuentran consagrados en una variedad de instrumentos internacionales, incluyendo la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Carta de las Naciones Unidas y, de manera más extensa, en la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres (CEDAW, por sus siglas en inglés).

Bajo este marco normativo, complementado con tratados regionales de derechos humanos y legislaciones nacionales, los Estados tienen la obligación de implementar medidas efectivas para promover y proteger los derechos de las mujeres, incluyendo la derogación de leyes discriminatorias.

Ciento ochenta y cinco Estados han adoptado la CEDAW, lo que indica un respaldo prácticamente universal de sus normas. Sin embargo, la persistencia de algunas leyes y costumbres que provocan que las mujeres se conviertan en ciudadanas de segunda clase y sean expuestas a abusos, pintan un cuadro completamente diferente. Muchos Estados han aprovechado su derecho a introducir reservas ante la CEDAW, lo cual les permite, albergados por el derecho internacional, postergar su aplicación o posponer la implementación de provisiones específicas del tratado. Ciertamente, entre los tratados de derechos humanos, la CEDAW ha sido uno de los que se han sujeto al mayor número de reservas, aunque esta actitud está cambiando.

No es de sorprender que la mayoría de las reservas de los Estados se relacionan con el control de la vida privada de las mujeres. Un aspecto clave de la sumisión legal de la mujer en muchos países es la limitación en su habilidad de poseer o administrar propiedades, y la falta de títulos de propiedad, incluyendo los derechos de sucesión   tras el divorcio o la muerte de familiares. Muchos Estados todavía otorgan la nacionalidad y ciudadanía a los niños y las niñas exclusivamente a través de la línea paterna. El libre tránsito de las mujeres en algunos Estados se dificulta por leyes que requieren la tutela legal de un hombre. La escasez en protección legal o la falta de aplicación de la ley, frecuentemente permita que la violencia contra mujeres y niñas, incluyendo la violación, permanezca impune.

La realidad a nivel regional es igualmente preocupante. A pesar de que algunas normas regionales han sido ampliadas y basadas en los estándares de la CEDAW, tanto la interpretación como la aplicación de éstas a nivel nacional dejan una seria brecha en cuanto a protección se refiere.

América Latina ha introducido algunas de las legislaciones regionales más pioneras y progresivas en materia de protección de las mujeres, incluyendo en 1994 la primera convención de derechos humanos enfocada a la violencia contra las mujeres. Sin embargo, diez años después de la adopción de la convención, Amnistía Internacional ha señalado que la situación regional no ha mejorado significativamente, ya que los Estados miembro han fallado en el cumplimiento de las obligaciones adquiridas con este tratado.

En África, a pesar de la amplia ratificación de la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos y del Protocolo de los Derechos de las Mujeres en África, los cuales consagran y comprometen la protección de todos los derechos de las mujeres, persiste la discriminación y las prácticas nocivas, tales como el tráfico de personas, la violencia en conflictos armados y la mutilación genital.

En Asia, el continente más grande y poblado es también el más diverso en cuanto al progreso de los derechos de la mujer. La región cuenta con varias Comisiones Nacionales para las Mujeres. Recientemente se promulgaron legislaciones sobre los derechos de las mujeres en India y otros lugares. Sin embargo, falta recorrer un largo camino en cuanto a la implementación e incluso la formulación de leyes en áreas clave, incluyendo el tráfico de personas.

Un extenso régimen regional de derechos humanos y jurisprudencia nacional y regional no ha hecho a Europa inmune de las grandes desigualdades que reprimen a las mujeres. La Comisión para la Igualdad de Oportunidades en el Reino Unido ha resaltado que, con el índice de progreso actual, tomaría 200 años al Parlamento tener una representación equitativa de hombres y mujeres. Inclusive Noruega, la cual ha estado constantemente en la cabeza de desarrollo de derechos humanos de las Naciones Unidas e índices de género, registra una brecha en la remuneración y acceso de empleo entre sexos.

Evidentemente, las condiciones de opresión y la falta de voz y oportunidades son parte de la discriminación hacia las mujeres tanto como las leyes que obstaculizan el pleno goce de sus derechos. En consecuencia, estos factores contribuyen a que el 70 por ciento de los pobres del mundo son mujeres; dos de cada tres niños que no están en la escuela son niñas; y las mujeres son dueñas solamente del uno por ciento de los títulos de propiedad de tierras en el mundo. Una verdadera igualdad exige que las obligaciones internacionales se cumplan en la ley y en la práctica. Como mínimo, los Estados deben revisar, enmendar y erogar legislaciones discriminatorias y  enfrentar los efectos negativos que estas leyes causan en las mujeres.

Sin una iniciativa política en este sentido, además de la canalización de recursos financieros, el tan necesario y pendiente cambio no podrá ocurrir. Los Gobiernos deben mostrar tangiblemente su determinación de empoderar a más de la mitad de la población mundial, y con esto permitir a las mujeres reclamar y disfrutar sus derechos humanos y poder contribuir al bienestar de todos nosotros.
 

 

 

 

 


 

 
 
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Última actualización
18/11/08