Palabras del Presidente Vicente Fox durante la
Sesión Extraordinaria del Pleno de la Comisión de
Política Gubernamental en Materia de Derechos Humanos

Los Pinos, 8 de diciembre de 2003.

Versión de las palabras del Presidente Vicente Fox Quesada durante la Sesión Extraordinaria del Pleno de la Comisión de Política Gubernamental en Materia de Derechos Humanos, para recibir el Diagnóstico Elaborado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que esta tarde encabezó en el salón Adolfo López Mateos de la residencia oficial de Los Pinos.

Muchísimas gracias. Muy buenas tardes.

Señor Anders Kompass, representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, bienvenido a México y gracias por acompañarnos;
Miembros de la Comisión Política Gubernamental en Materia de Derechos Humanos;
Amigas y amigos:

A la mitad del camino de esta Administración, puedo afirmar de manera firme y sin temor que mi Gobierno es un Gobierno de derechos humanos.

Los derechos humanos han sido siempre un asunto fundamental de la agenda política, otorgándoles la más alta prioridad, como nunca antes en su historia, el respeto a las garantías de las personas se ha convertido en una política de Estado.

Mi convicción ideológica y trayectoria política han reafirmado en mí la idea de que el ser humano debe ser el centro de las acciones y preocupaciones del poder público.

Por ello, uno de los primeros compromisos que asumí desde la Presidencia de la República fue la firma de un Acuerdo de Cooperación con la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Mediante este instrumento, mi Gobierno acordó abrir su actuación a la mirada y a la cooperación internacionales, lo hicimos porque sabemos que los derechos humanos no son una moda; lo hicimos porque la vigencia de las garantías personales no puede considerarse un ejercicio de relaciones públicas, lo hicimos porque no tenemos nada que ocultar.

Durante la primera fase del Acuerdo de Cooperación, se llevaron a la práctica actividades de capacitación relacionadas con el combate a la tortura, así como talleres sobre mecanismos de protección de los derechos de los pueblos indígenas.

En su segunda fase, convenimos en instalar una oficina en territorio nacional para un representante del Alto Comisionado; también estuvimos de acuerdo en la realización del diagnóstico que hoy se entrega y que está concebido como un instrumento para abordar de manera amplia e integral la situación de los derechos humanos en México.

Quiero destacar el carácter pionero de ambas actividades e iniciativas. México es el primer país del mundo en el que en tiempos de paz se instala una oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos, igualmente nuestro país es el primero en el que el Gobierno pone en manos de las Naciones Unidas la elaboración de un diagnóstico nacional sobre esta materia.

Desde hace tres años en el Gobierno Federal, construimos cotidianamente un Estado de Derecho basado en el reconocimiento y observancia irrestrictos de los derechos humanos, tanto en territorio nacional como en el ámbito internacional.

Por eso, hemos puesto en práctica una política de puertas abiertas y de invitación permanente a los relatores de derechos humanos de las Naciones Unidas y a los integrantes de las organizaciones civiles internacionales.

Por eso, hemos presentado al Senado de la República 37 instrumentos internacionales en materia de derechos humanos; por eso, hemos denunciado ante la Corte Internacional de Justicia las violaciones a los derechos humanos de 54 mexicanos que se encuentran recluidos en prisiones de Estados Unidos y que han sido condenados a la pena de muerte.

En el ámbito interno, practicamos una política de Estado al margen de personalidades y de estilos.

Establecimos la Comisión de Política Gubernamental en materia de derechos humanos, presidida por el Secretario de Gobernación, en la que participan las dependencias más directamente relacionadas con la vigencia y promoción de estas garantías personales.

Consolidamos, asimismo, en una sola área de la Secretaría de Relaciones Exteriores las labores relacionadas con la actualización y mejoramiento de nuestro orden jurídico, de conformidad con nuestras obligaciones internacionales.

Con el objeto de determinar las responsabilidades relacionadas con las desapariciones forzadas ocurridas durante la década de 1970 y principalmente de 1980, creamos una Fiscalía Especial encargada de la investigación y persecución de conductas delictivas.

El ejercicio de la acción penal en contra de los presuntos responsables de privación ilegal de la libertad en los hechos que tuvieron lugar hace más de tres décadas, ha sido resuelto positivamente por la Suprema Corte de Justicia.

No estamos motivados por un deseo de venganza; al contrario, creemos que la sociedad mexicana necesita recuperar su memoria histórica y conocer la verdad de estos acontecimientos, de manera que se haga justicia y asegurar que nada así vuelva a ocurrir.

Por ello, procedimos a la apertura y puesta a disposición de todos los mexicanos, los archivos de las antiguas policías políticas.

Propusimos al Congreso de la Unión la iniciativa de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, elaborada por una comisión ciudadana. Su aprobación unánime garantiza el derecho constitucional de cada mexicana y mexicano a vivir con equidad de trato e igualdad de oportunidades.

Hemos atendido el conjunto de las recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Quiero destacar que durante los primeros dos años de mi Gobierno, el número total de violaciones a las garantías de las personas recibidas por la Comisión Nacional, se ha reducido en 10 por ciento. El año pasado, en 35 por ciento de las recomendaciones de ese organismo autónomo fueron dirigidas a las autoridades federales.

Estamos decididos a reducir el número de violaciones a los derechos humanos en las dependencias federales, y hemos tomado medidas concretas para ello.

Con la adhesión de la Procuraduría General de la República al Protocolo de Estambul, esa dependencia se compromete a garantizar que ninguna persona involucrada en la comisión de asuntos presumiblemente ilícitos sea torturada o coaccionada.

He solicitado también a las procuradurías de las 32 entidades federativas que se sumen a este compromiso. Hemos hecho frente a la dolorosa tragedia de las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez.

En la Comisión de Política Gubernamental en Materia de Derechos Humanos, creamos una Oficina de Coordinación y Enlace para contribuir a la solución de este grave problema social.

Nombré a la licenciada Guadalupe Morfín para coordinar el Programa de Acciones Federales, que incluye la prevención, procuración de justicia, reparación del daño a los y las familiares de las víctimas.

Se encuentran en ese municipio miembros de la Policía Federal Preventiva que, en coordinación con los cuerpos de seguridad municipales y estatales, han logrado la reducción de los delitos del fuero común de manera importante.

Igual, se ha doblado la presencia de la Procuraduría General de la República en sus tareas de investigación y apoyo a la procuraduría local.

La muerte de estas mujeres es una afrenta para la conciencia nacional, a la que mi Gobierno ha dado respuesta puntual. Lo hemos hecho apegándonos estrictamente a nuestro régimen federal, privilegiando la colaboración con las autoridades del estado de Chihuahua y del municipio de Ciudad Juárez.

Para todas las autoridades, la resolución de estas muertes es un enorme desafío. Pero no estamos dispuestos a renunciar a nuestro compromiso para buscar la verdad y castigar a los responsables.

Amigas y amigos:

Para la realización de este Diagnóstico, la Representación del Alto Comisionado recurrió a cuatro académicos y especialistas mexicanos, ampliamente conocidos por su activismo en la defensa de los derechos humanos.

Las 32 recomendaciones expresadas en este documento, ofrecen una visión de la realidad mexicana. Para llegar a este resultado, sus autores revisaron un número considerable de temas relacionados con la vida nacional.

En este propósito siguieron una metodología participativa, basada en consultas, foros y trabajo de campo. Se trata indudablemente de un trabajo complejo, diverso y difícil.

Agradezco la labor del Anders Kompass, representante del Alto Comisionado, así como la de todos aquellos que participaron y facilitaron su elaboración.

Especialmente quiero reconocer la participación del comité de enlace de las organizaciones civiles mexicanas. Mi Gobierno siempre ha reconocido su dedicación y entrega.

Igualmente expreso mi agradecimiento a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y a las demás comisiones públicas, agrupadas en la Federación de Organismos Públicos de Protección y Defensa a los Derechos Humanos.

Gracias a su compromiso, la vigencia de los derechos de las personas es una meta común de quienes nos encontramos reunidos aquí, esta tarde.

El contenido de este Diagnóstico sobre la Situación de los Derechos Humanos en México admite una doble lectura:

Por una parte, da cuenta de lo mucho que aún falta por hacer para que la vigencia de las garantías personales sea una realidad plena; por la otra, es innegable que la situación de los derechos humanos en nuestro país es, ahora, mucho mejor que la que existía hace apenas tres años.

La Presidencia de la República se compromete, en este acto, a elaborar un Programa Nacional de Derechos Humanos.

En cumplimiento de este compromiso, instruyo a la presidencia de esta Comisión para que, como un primer paso, envíe inmediatamente copia de este Diagnóstico a todas las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, a efecto de que pueda ser analizado.

Asimismo, instruyo a los integrantes gubernamentales de esta Comisión, a fin de que realicen las acciones necesarias para crear un Programa Nacional de Derechos Humanos.

Mi Gobierno es sensible a la inquietud social que señala la necesidad de modificar el sistema de justicia. Pensamos que su procuración y administración deben llevarse a cabo sobre mejores bases. Es preciso fortalecer la articulación entre los cuerpos de seguridad.

Requerimos también que la impartición de justicia abandone sus rasgos de extrema reserva y el sistema se vuelva oral, transparente y público.

Estoy consciente de que necesitamos de mayores esfuerzos para que las personas disfruten de un entorno de seguridad y de protección a sus derechos.

La vigencia universal de las garantías personales, es una tarea que precisa la más amplia participación y compromiso de los actores políticos. Se trata de una exigencia ética, impuesta por las leyes, el desarrollo del país y la democracia.

En este proceso solicitaré expresamente la cooperación del Congreso de la Unión y del Poder Judicial de la Federación, así como de los gobiernos de las entidades federativas y de los organismos autónomos.

Personalmente asumo como un reto y un privilegio adecuar nuestras instituciones y leyes, así como los programas y prácticas gubernamentales, a los más altos estándares internacionales de protección de las personas.

Mi Gobierno propondrá que en al creación del Programa Nacional de Derechos Humanos se atiendan las recomendaciones contenidas en el presente Diagnóstico, las recibidas de las instancias internacionales, así como las contenidas en los informes y recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

A la mitad del camino de mi Administración, el reconocimiento de los avances en materia de derechos humanos no debe confundirse con la autocomplacencia; existen múltiples retos que nos obligan a intensificar nuestra labor coordinada; en esta tarea no hay espacio para los protagonismos ni para el culto a la personalidad.

Quienes estamos reunidos en este salón estamos conscientes de que falta mucho camino por recorrer para que el respeto a la dignidad y a los derechos de todas las personas, se consolide como una realidad plena en nuestro país; es preciso seguir trabajando para hacer de México una sociedad respetuosa de la libertad, de la dignidad y la diferencia; un país más justo para todos sus habitantes.

Muchas gracias.

-Secretario Santiago Creel: Con esta intervención del señor Presidente damos por concluida esta Sesión Extraordinaria de la Comisión Gubernamental de Derechos Humanos.

Muchas gracias a todos los asistentes.