BOLETIN ONU
Naciones Unidas - Centro de Información, México
No. 03/012
11 de marzo de 2003
 

MAGISTRADOS DE LA CORTE PENAL INTERNACIONAL ASUMIERON HOY SU CARGO EN LA HAYA
 


Mensaje del Secretario General de las Naciones Unidas, Kofi Annan, en la ceremonia de asunción del cargo de los magistrados de la Corte Penal Internacional en la Haya (11 de marzo de 2003):

La humanidad ha necesitado muchos años para llegar a este momento.

Tras la promesa solemne que han hecho hoy en sesión pública, estos once hombres y siete mujeres, que representan a todas las regiones del mundo y a culturas y tradiciones jurídicas diferentes, son ahora la encarnación de nuestra conciencia colectiva.
Durante siglos, y en particular durante el último siglo, esa conciencia ha presenciado con horror crímenes incalificables, crímenes cuyas víctimas se contaron no en decenas, sino en decenas de miles, incluso millones.

Ya en 1945, la humanidad había pagado un precio tan alto por esos crímenes que se consideró necesario establecer tribunales especiales, en Nuremberg y en Tokio, para juzgar a sus autores principales. Esos tribunales sentaron un principio de importancia vital: que quienes toman parte en violaciones flagrantes del derecho internacional humanitario no pueden ampararse en la autoridad del Estado en cuyo nombre las cometen. Tienen que asumir responsabilidad personal por sus actos y hacer frente a sus consecuencias.

Desde entonces, la comunidad internacional ha procurado incesantemente establecer una corte penal internacional permanente para enjuiciar y castigar a los culpables de genocidio, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. Éstos incluyen el asesinato en masa, la esclavitud, la violación, la tortura y otros crímenes aborrecibles, cometidos no solamente contra los ciudadanos de otras naciones, sino también contra los de la propia.

En el decenio pasado se logró un importante avance con el establecimiento de los Tribunales Internacionales para la ex Yugoslavia y Rwanda. Estos tribunales ya han demostrado que sí es posible hacer comparecer ante una judicatura imparcial, que representa a los grandes sistemas jurídicos del mundo, a personalidades e individuos comunes acusados de crímenes de lesa humanidad.

Sin embargo, hicieron falta cincuenta años para establecer esta Corte y el alcance de sus atribuciones. Había muchas consideraciones que era necesario evaluar con detenimiento, en particular las consecuencias que una corte de esa clase podía tener para el proceso delicado de desmantelamiento de las tiranías y su reemplazo por regímenes más democráticos, empeñados en defender los derechos humanos.

Hay oportunidades en que se nos dice que la justicia debe ser dejada de lado en interés de la paz. Es verdad que sólo se puede administrar justicia cuando está asegurado el orden pacífico de la sociedad. Pero finalmente hemos comprendido que también lo contra-rio es cierto: sin justicia no hay paz duradera.

No hay duda de que en todo tribunal hay margen para la clemencia y la compasión. Pero sólo se puede demostrar clemencia cuando la culpabilidad y la responsabilidad han quedado claramente establecidas y admitidas.

La responsabilidad individual es de importancia fundamental por dos motivos.

En primer lugar, quienes son tentados o presionados para que cometan crímenes aborrecibles deben verse disuadidos de hacerlo por la certeza de que, un día, serán llamados personalmente a rendir cuentas. Esa disuasión no existió en el pasado. Hoy es tan necesaria como lo ha sido siempre y seguirá siendo necesaria en el futuro.

En segundo lugar, sólo identificando claramente a las personas responsables de esos crímenes se puede salvar a comunidades enteras de ser consideradas colectivamente culpables. Esta idea de culpa colectiva es el verdadero enemigo de la paz, porque mueve a las comunidades a alimentar el odio contra otras de una generación a la siguiente.

En cuanto a la compasión, quienes más derecho tienen a recibirla son, por supuesto, las víctimas de los crímenes.

Para quienes han sido exterminados, lo único que podemos hacer es tratar de reconocerles en su muerte la dignidad y el respeto que tan cruelmente se les negaron en vida.

A los sobrevivientes, que también son los testigos, y a quienes sufren la pérdida de seres queridos, a todos ellos les debemos justicia, que ha de traer no solamente reparación, sino también consuelo. Esto significa que ustedes, los magistrados, tendrán que demostrar paciencia y compasión, así como la determinación inquebrantable de averiguar dónde está la verdad. Debe haber justicia, no sólo en el resultado final, sino también en el proceso que conduzca a él.

Sin embargo, sobre todas las cosas, esta Corte existe para proteger a quienes podrían ser víctimas en el futuro. Si la Corte está a la altura de nuestras expectativas, no habrá víctimas, porque los posibles autores de crímenes serán disuadidos de cometerlos.
Por eso, es sumamente importante que ustedes, los magistrados, y todos los integrantes de la Corte, demuestren en todos sus actos y decisiones una integridad y una imparcialidad intachables.

Cualquiera que sea la naturaleza de sus funciones -judiciales, administrativas o de representación- deben actuar sin temor y sin favoritismos, guiados e inspirados por las disposiciones del Estatuto de Roma.

La sabiduría de sus fallos debe merecer el respeto universal por la justicia internacional y el imperio de la ley.

La honradez y la eficiencia en la administración de la Corte deben ser irreprochables.
Toda vuestra labor debe ser una muestra de claridad moral y jurídica, dar un impul-so vital a las disposiciones del Estatuto de Roma y ayudar a los Estados Partes a cumplir con las obligaciones que les incumben. Esa asistencia será un elemento importante de su tarea.

Particularmente significativa es una obligación que los Estados Partes deben cumplir en el futuro inmediato: la elección del Fiscal.

La relevancia de este cargo es innegable. Como sabemos por la experiencia de los Tribunales Internacionales para la ex Yugoslavia y para Rwanda, las decisiones y las manifestaciones públicas del Fiscal, más que cualquier otra cosa, determinarán la reputación de la Corte, sobre todo durante las primeras etapas de su actuación.

Por consiguiente, es indispensable encontrar una persona de la mayor distinción para que asuma tan pesada responsabilidad. Ésta es sin duda una ocasión en que hay que dejar de lado los intereses nacionales y concentrase exclusivamente en la competencia de cada uno de los candidatos.

Una vez hecha esa elección, los Estados tendrán la obligación de cooperar con la Corte, deteniendo a los acusados, proporcionando pruebas y aplicando las penas, una vez impuestas. Para que la Corte sea eficaz, esa cooperación es imprescindible.
La consagración demostrada a esta causa es un buen augurio. Las Naciones Unidas colaborarán con la Corte Penal Internacional en esta causa, que es la causa de la humanidad.

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