BOLETIN ONU
Naciones Unidas - Centro de Información, México
No. 01/047
7 de junio de 2001
 

“SIMPOSIO 2001: VIOLENCIA DE GENERO, SALUD Y DERECHOS EN LAS AMERICAS”, LLAMADO A EMPRENDER ACCIONES CONJUNTAS PARA ERRADICAR LA VIOLENCIA
 
• Garantizar protección a los derechos humanos de las mujeres, piden especialistas a gobiernos del Continente
• Violencia hacia las mujeres es un problema de justicia social, consideran

Cancún, México.- Cualquier forma de violencia hacia las mujeres, tanto en el ámbito público como en el privado, además de constituir una violación a los derechos humanos, es un obstáculo para la equidad y un problema de justicia social, manifestaron las y los participantes en el Simposio 2001: “Violencia de Género, Salud y Derechos en las Américas” que concluyó esta mañana en Cancún.

Representantes de gobiernos, organismos de la sociedad civil, del movimiento de mujeres, de las Naciones Unidas y del Sistema Interamericano, y de agencias de cooperación internacional, hicieron un llamado a los gobiernos, la sociedad civil, los medios de comunicación e instancias internacionales para considerar la violencia de género como una prioridad de salud pública y trabajar en favor de su erradicación.

Especialistas de 33 países, reunidos a convocatoria de las agencias de Naciones Unidas y organismos no gubernamentales de mujeres del continente americano, recomendaron a los gobiernos la aplicación de mecanismos de protección eficaces y accesibles que propicien el respeto, protección y ejercicio de los derechos humanos de las mujeres, incluidos los derechos sexuales y reproductivos, para el pleno ejercicio de su ciudadanía.

Luego de cuatro días de trabajos, concluyeron que a pesar de la existencia de legislaciones protectivas que sancionan la violencia contra la mujer, en la mayoría de los países de la región persiste la impunidad, acentuada por las dificultades que aún enfrentan en el acceso a la justicia.

De ahí que también solicitaron al Estado garantizar el pleno acceso de las mujeres a la justicia, asegurando la aplicación efectiva de la legislación nacional vigente, en correspondencia con las convenciones internaciones ratificadas sobre sus derechos humanos, como lo es el Protocolo Facultativo de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.

Instaron a los gobiernos a que asignen recursos humanos y financieros suficientes en los presupuestos nacionales, regionales y locales, especialmente en el sector salud, así como la participación del sector privado para reducir los altos costos que la sociedad enfrenta como consecuencia de la violencia de género.

En el documento final denominado “Llamado a la Acción”, resultado de las mesas de discusión sobre la problemática, señalan que la violencia contra las mujeres conlleva un alto costo social y económico para el desarrollo individual y colectivo en las naciones, y que afecta las perspectivas de las futuras generaciones para vivir libres de cualquier forma de violencia, desde la familiar hasta aquella que es tolerada y perpetrada por el Estado.
Plantean la necesidad de emprender acciones conjuntas y coordinadas por parte de todos los sectores, que garanticen la protección y el respeto a los derechos humanos de las mujeres tomando en consideración las diversidades de edad, etnia, clase social, orientación sexual y creencias religiosas, entre otras.

Sostienen que al considerarse la violencia de género como un problema de salud pública, este sector debe responsabilizarse en su tratamiento, aportar respuestas integrales en la atención que consideren el bienestar emocional, mental y físico a lo largo del ciclo de vida de las mujeres, enfatizando la protección de las migrantes y a quienes conforman grupos étnicos discriminados..

Así también, puntualizan en la necesidad de reforzar los mecanismos de coordinación del sector salud en la identificación, seguimiento y atención del problema; en la capacitación de los servidores de esta sector; en garantizar el derecho a la privacidad y confidencialidad en la atención a las adultas y adolescentes.

En casos de violación, instan a los gobiernos a promover y facilitar la anticoncepción de emergencia, la prevención y tratamiento de Infecciones de Transmisión Sexual, incluyendo el Sida, y el acceso a servicios seguros para la interrupción legal de un embarazo, así como asegurar atención especializada a menores de edad en casos de incesto.

Es esencial, anotan en el documento, que las mujeres tengan acceso tanto a información y educación, como a recursos sociales, económicos y jurídicos que les permitan construir sus vidas libres de violencia.

Llaman a la creación de estrategias educativas y de sensibilización, en especial a través de los medios de comunicación, que fomenten la participación de la sociedad y promuevan una cultura de no violencia, como herramienta fundamental para evitar la reproducción del fenómeno, así como eliminar estereotipos y actitudes que legitimen o exacerben la violencia contra las mujeres y las niñas.

El Simposio 2001: “Violencia de Género, Salud y Derechos en las Américas”, se desarrolló en la ciudad de Cancún, Quintana Roo del 4 al 7 de junio. Reunió a especialistas de 33 países con los objetivos de identificar los mecanismos y estrategias a fin de fortalecer el papel del sector salud en la formulación, puesta en práctica, monitoreo y evaluación de las políticas, programas y proyectos dirigidos a la erradicación de la violencia; así como para definir recomendaciones y fortalecer los enlaces entre los gobiernos, las organizaciones no gubernamentales y los donantes del continente americano.

** Información proporcinada por la agencia de noticias CIMAC

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