El Relator Especial sobre Venta de Niños, Prostituciónn y Pornografía Infantil
emitió el siguiente comunicado de prensa el 15 de mayo de 2007:

En mi capacidad de Relator Especial sobre Venta de Niños, Prostitucíon y Pornografía Infantil, he efectuado una visita a México del 4 al 14 de mayo de 2007. Visité la capital, la ciudad de México D.F., y las ciudades de Guadalajara, Tijuana y Juárez, en los Estados de Jalisco, Baja California y Chihuahua. Durante esta visita he mantenido más de 50 reuniones de trabajo en las cuales participaron mas de 200 personas. También hemos visitado programas de atención a la infancia, albergues, programas preventivos y asistenciales y realizado recorridas en diversos barrios de las ciudades visitadas.
Subrayo muy especialmente también los encuentros mantenidos con organizaciones de la sociedad civil y con académicos de varias Universidades, donde quedó reflejado el importante papel que están jugando y jugarán en el diseño de los programas que delinearán el modelo de políticas sociales de los años venideros.

Agradezco al Gobierno mexicano su invitación a visitar el país y la apertura mostrada para analizar los diversos temas de incumbencia de mi mandato. Es una señal muy prometedora del compromiso para encarar con nuevo vigor la construcción de un sistema de protección de los derechos del niño y, en particular, de nuevas respuestas para la acuciante realidad de las niñas y niños victimas de explotación sexual comercial infantil.

Durante esa visita tuve el honor de reunirme, al nivel del estado Federal con la Secretaria Desarrollo Social, con el Subsecretario de Relaciones Exteriores para Derechos Humanos y con la Titular del DIF nacional. En los Estados que visitamos también tuve la ocasión de reunirme con las autoridades estatales y municipales y con los titulares de los DIF presentes.

Quisiera agradecer a todas las autoridades que se dedicaron a recibirnos y preparar una rica agenda de trabajo para esta visita, en particular la Subsecretaria para Derechos Humanos de la Secretaria de Relaciones Exteriores y funcionarios del organismo de Desarrollo Integral de la Familia, tanto a nivel nacional como estatal y municipal, así como funcionarios de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal.

También deseo marcar el activo rol de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones unidas para los Derechos Humanos, que nos facilitó diversos contactos y mantuvo un vivo apoyo a nuestra tarea, tal como lo hace con diversos programas de promoción de los derechos humanos en México.

Durante la visita recibí un copioso material documental y testimonial que procesaremos en las semanas venideras a los efectos de presentar a la brevedad al Consejo de Derechos Humanos nuestras conclusiones y recomendaciones.

Como saldo preliminar podemos marcar que, tanto a nivel de las autoridades públicas como de las organizaciones de la sociedad civil existe consenso en señalar que la explotación sexual infantil constituye hoy un grave problema que es necesario encarar, con una nueva batería de políticas públicas y programas de intervención y asistencia social innovadoras y creativas.

El reconocimiento de que la explotación sexual infantil y la trata de menores no son episodios esporádicos o dramas limitados a sitios singulares del territorio –aspecto que reconocieron los diversos protagonistas entrevistados y consultados- es el primer paso para enfrentar este flagelo que golpea en todo el país.

No se trata de situaciones aisladas sino de problemas que afectan estructuralmente la calidad de la democracia en el país y la confianza en las instituciones para asegurar el bienestar a sus sectores más vulnerables.

Un balance de la información obtenida de las diversas fuentes consultadas, públicas y no gubernamentales, señala también que la explotación de menores no se explica por espontáneas y rústicas expresiones de dominio, sino que tienen que ver directamente con expresiones de crimen organizado vinculado a veces nacional e internacionalmente al narcotráfico y otros delitos graves.

Como contraste de esta dura realidad, deseo señalar que he encontrado sectores muy activos dispuestos a enfrentar el problema y trabajar en conjunto para darles garantías a los niños de que ninguna red mafiosa robará su futuro y su dignidad.

Tanto desde los responsables de políticas públicas como de organizaciones sociales e instituciones no gubernamentales, he escuchado durante estos días, una y otra vez, la necesidad de trabajar en conjunto para detectar estos delitos contra la infancia, desarrollar nuevos programas de rescate de las víctimas, fortalecer la capacidad del Ministerio Público y del Poder Judicial para la consecución de la justicia y la ruptura de la impunidad, junto a la creación de nuevos programas especializados en la atención de las víctimas de estas modernas formas de esclavitud, sujeción y a veces de muerte.

Este clima institucional nos permite abrigar esperanzas de que el espiral de creciente explotación que se ha detectado en varios Estados puede ser enfrentado y detenido.
El Estado mexicano cuenta con una fuerte presencia institucional y con una sociedad civil cada vez más activa y participativa. De la síntesis de estos esfuerzos creo que es posible generar acciones que intervengan directamente en el rescate de los niños, niñas y adolescentes que han caído en las redes de explotadores y de las que no pueden escapar por sus propios medios y que les propongan programas alternativos de asistencia, rehabilitación y reintegración para llevar una vida plena.

El reconocimiento de que la explotación sexual y la trata de personas está entre nosotros implica la asunción de nuevas responsabilidades y tareas para un amplio espectro de actores. Desde el Estado y sus organismos rectores desde los ámbitos gubernativos, hasta los vecinos y ciudadanos individuales pasando por la amplia variedad de organizaciones no gubernamentales, grupos interesados, agrupaciones gremiales y los sectores empresariales, todos tienen un papel a jugar en el diseño de un nuevo modelo de atención que asegure el derecho de los niños a ser niños y a crecer en un medio que abra camino a sus ricas potencialidades.

En este desafío se juega buena parte del perfil que el país tendrá en los próximos diez años y la calidad de convivencia que podremos legar a los ciudadanos de mañana.

El Mandato del Relator Especial sobre Venta de Niños, Prostitucíon y Pornografía Infantil fue establecido en el año 1990 y renovado más recientemente en 2004 por la resolución 2004/48. A continuación el mandato fue asumido por el Consejo de Derechos Humanos. El Dr. Miguel Petit, periodista y sociólogo, nacional de Uruguay, fue nombrado Relator Especial en julio de 2001 por la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. El Dr. Petit realizó visitas a los siguientes países: Sudáfrica, Francia, Brasil, Paraguay, Albania, Grecia y Ucrania. Como Relator Especial, el Dr. Petit es independiente de cualquier gobierno y sirve en su capacidad individual.

Para más información favor consultar la página Web:
www.ohchr.org/spanish/issues/children/rapporteur

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