La libertad de opinión y expresión es una piedra angular de toda sociedad libre y democrática. La libertad de opinión y expresión es una condición esencial de la democracia. Todo Estado que aspira a ser democrático tiene la obligación de proteger y garantizar el derecho a la libertad de expresión.

El derecho a la libertad de expresión y opinión está recogido en distintos instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos, entre los cuales cabe mencionar el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Ambos instrumentos internacionales al haber sido ratificados por México son de obligatorio cumplimiento.

La libertad de expresión, según estos instrumentos internacionales, comprende no sólo el derecho de toda persona a buscar, recibir y difundir ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, sino también el derecho a opinar y expresarse libremente. La libertad de expresión implica, además, el derecho de todo individuo a tener acceso a la información que se encuentre en los archivos del Estado y de las instituciones públicas, así como la información, sobre sí mismo, que permanezca en bancos de datos públicos y privados.

Cabe recordar que el ejercicio del derecho a la libertad de expresión conlleva para quienes lo ejercen deberes y responsabilidades. Tanto el periodista y comunicador social, como los medios de comunicación, tienen la responsabilidad de proporcionar información veraz, contrastada y basada en fuentes certeras.

A su vez, las obligaciones del Estado en relación con la libertad de expresión comprenden tanto la obligación negativa de no restringir ni obstaculizar el ejercicio de este derecho, como la obligación positiva de facilitar el acceso a la información que esté en poder de las distintas autoridades e instituciones públicas.

México cuenta en esta materia con la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio de 2002). Esta Ley garantiza el acceso de toda persona a la información en posesión de los Poderes de la Unión, los órganos constitucionales autónomos o con autonomía legal, y cualquier otra entidad federal.

Por otra parte, el decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la ley federal de telecomunicaciones y de la ley federal de radio y televisión, aprobado el pasado 11 de abril, al no tomar en cuenta la normativa internacional en la materia, limita y restringe el derecho a la libertad de expresión y opinión. La Ley requiere que las concesiones de radio y televisión se otorguen mediante un proceso de licitación pública, haciendo prevalecer un criterio eminentemente económico en demérito de la libre expresión e información. Con ello, se limitaría la posibilidad de participar a amplios sectores de la sociedad mexicana, como el caso de las comunidades y pueblos indígenas.

Es preocupante constatar que se continúa atentando contra la libertad de expresión y opinión al atacar la integridad física de periodistas y comunicadores. En lo que va del año 2006 la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha registrado 11 atentados contra periodistas: 3 asesinatos, 3 agresiones y 5 amenazas. Durante el año 2005 la Comisión Nacional de los Derechos Humanos registró 4 homicidios. Según estadísticas de la Comisión se evidencia un preocupante patrón que registra la muerte violenta de entre 3 y 4 periodistas por año.

La mayoría de estos hechos se dan contra reporteros que ponen en evidencia las actividades del crimen organizado, las relaciones de éste con autoridades y los abusos de funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones.

Otra forma preocupante de restricciones y limitación a la libertad de expresión y opinión es la autocensura que se imponen algunos periodistas y medios de comunicación, como una forma de protección, frente a la deficiente capacidad del Estado Mexicano en defender este derecho.

El pasado 15 de febrero fue creada la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra Periodistas (Acuerdo A/031/06), en el seno de la Procuraduría General de la República. La Oficina hace un llamado a las autoridades correspondientes a nivel federal y estatal, para que no cesen en su labor de investigar, capturar, juzgar y sancionar a los autores intelectuales y materiales de estos atentados con el fin de no dejar en la impunidad ninguno de estos casos.

Otro fenómeno, que se evidencia más en el ámbito de los estados que en el federal, es la falta de tolerancia a la crítica por parte de algunos Gobernadores y otros altos funcionarios, quienes presuntamente han utilizado medios de coerción y la detención arbitraria, entre otros, contra aquellos periodistas y medios de comunicación que se atreven a informar a la sociedad sobre sus actividades ilícitas.

La Oficina celebra la reciente aprobación por el Congreso de la Unión de las reformas al Código Penal Federal que garantizan a los periodistas el secreto de sus fuentes de información. Asimismo, se considera un avance positivo las correspondientes la aprobación por la Cámara de Diputados modificaciones al Código Penal Federal y al Código Civil Federal que despenalizan los delitos de injuria, difamación y calumnia y sólo dejan abierta la posibilidad de acudir a los tribunales civiles para demandar estas conductas.

Finalmente, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos con ocasión de la celebración del día mundial de la libertad de prensa, se solidariza con todos los periodistas y comunicadores sociales que día a día ejercen la función de informar de manera responsable y pro activa. La Oficina confía en que el Estado Mexicano tomará todas las medidas necesarias para proteger y garantizar la libertad de prensa, indispensable para la consolidación de la democracia y el estado de derecho en el país.

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