BOLETIN ONU
Naciones Unidas - Centro de Información, México
No. 06/013
15 de marzo de 2006
 

Recomienda Alto Consejo acciones para reducir el
riesgo de uso electoral en la operación de
programas sociales federales

  · Esta mañana este consejo ciudadano, convocado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, presentó el Diagnóstico sobre la vulnerabilidad político-electoral de los Programas Sociales Federales en el marco del proceso electoral 2006.

· El Alto Consejo por la Transparencia de los Programas Sociales Federales emitió 10 recomendaciones dirigidas a los tres órdenes de gobierno a fin de evitar que el gasto social sea utilizado con fines proselitistas durante las elecciones de julio próximo y demandó el cumplimiento de 6 disposiciones contraídas por el propio gobierno federal en la materia.

· El Diagnóstico en el que se sustentan estas recomendaciones destaca avances en la protección de los programas sociales federales, pero advierte que aún existen condiciones que hacen a los programas vulnerables a posibles usos, conductas y delitos electorales.

El Alto Consejo por la Transparencia de los Programas Sociales Federales presentó 10 recomendaciones para evitar que los programas sociales sean utilizados con fines proselitistas en el proceso electoral federal 2006 en beneficio de cualquier partido político. Las recomendaciones provienen del Diagnóstico sobre la vulnerabilidad político-electoral de los programas sociales federales en el contexto del proceso electoral 2006 elaborado por el Comité Ejecutivo del Alto Consejo. En el mismo acto, el Alto Consejo exhortó al Gobierno Federal a dar cumplimiento a las seis disposiciones contraídas por el Ejecutivo Federal en esta materia.

Instalado el 23 de noviembre de 2005, el Alto Consejo está integrado por un grupo plural de ciudadanos convocados por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en México, para comprobar la solidez de los mecanismos de control institucional que buscan evitar el uso electoral de los programas sociales federales en los tres órdenes de gobierno, de cara a las elecciones de julio de 2006.

El Alto Consejo está integrado por 12 académicos y expertos en temas electorales y de política social: Sergio Aguayo, Luis F. Aguilar, Rolando Cordera, Fernando Franco, Clara Jusidman, Nora Lustig, Mauricio Merino, Alberto Nuñez, Jacqueline Peschard, Ezra Shabot, Enrique Valencia y Elio Villaseñor.

El Diagnóstico presentado por el Comité Ejecutivo sintetiza el trabajo de tres meses de investigación documental, estadística y de campo, de un equipo técnico especialmente integrado para ese propósito. Este grupo analizó la normatividad existente de 8 programas sociales federales, entrevistó a funcionarios encargados del diseño y operación de estos programas, líderes sociales, académicos, integrantes de organizaciones de la sociedad civil y beneficiarios. Asimismo, el equipo elaboró una clasificación de todos los municipios del país, utilizando indicadores socio-económicos, político-electorales y de capacidad institucional de los municipios. Lo anterior, a fin de organizar durante los próximos meses acciones de observación que revisen el grado de cumplimiento de las recomendaciones emitidas por el Alto Consejo.

El Diagnóstico sobre la vulnerabilidad político-electoral de los programas sociales federales se concentra en 8 programas seleccionados con base en un conjunto de criterios objetivos. Así, se seleccionaron los siguientes programas federales: Oportunidades, Tu Casa, Hábitat, IMSS-Oportunidades, Seguro Popular, Procampo, Apoyos Directos a la Comercialización y el Programa de Infraestructura Básica para la Atención de los Pueblos Indígenas.

Estos programas fueron analizados a partir de seis ejes temáticos: (i) Selección de beneficiarios y criterios de elegibilidad; (ii) Cumplimiento de compromisos y corresponsabilidad, (iii) Coordinación interinstitucional, (iv) Entrega de beneficios, (v) Mecanismos de control y participación social, y (vi) Transparencia y acceso a la información pública.

“La prioridad del equipo que preparó el diagnóstico –informó Alejandro Grinspun, Secretario Ejecutivo del Alto Consejo— fue revisar un número significativo de programas sociales a cargo del Gobierno Federal y evaluar su diseño normativo y operación con el objeto de identificar tanto fortalezas como debilidades que los hagan proclives a ser utilizados con fines proselitistas.”

En la presentación realizada esta mañana, el Alto Consejo recomendó al gobierno federal la difusión, instrumentación, verificación, documentación y evaluación de las acciones, compromisos y pronunciamientos que realiza para blindar a los programas sociales durante este proceso electoral. De igual manera el Alto Consejo recomienda a los gobiernos estatales y municipales que asuman públicamente su compromiso con la legalidad y la transparencia para evitar el uso indebido de programas y recursos públicos destinados al desarrollo social.

En el mismo acto, el Alto Consejo exhortó al Gobierno Federal a cumplir con: (i) Las reglas de neutralidad emitidas por el IFE para que todos los servidores públicos de este país, empezando por el Presidente de la República, se abstengan de realizar campañas publicitarias o promoción de programas de obra pública o de desarrollo social a cambio de la promesa del voto; ii) Leyes, Acuerdos y Decretos del gobierno federal que blindan y transparentan los recursos de los programas sociales; (iii) Los procedimientos de procuración de justicia penal electoral de manera expedita, contribuyendo con esto a una efectiva cultura de la legalidad y de la denuncia.

“El ejercicio en sí mismo es un hecho sin precedentes en América Latina”, señaló Thierry Lemaresquier, Representante Residente del PNUD en México. Al tiempo que reconoció la apertura del Gobierno de México al solicitar un diagnóstico independiente sobre el tema, enfatizó: “el siguiente paso es tomar en cuenta las recomendaciones que hace el Alto Consejo al Gobierno Federal y cerrar el paso a posibles usos electorales de los programas. El compromiso que asumió la SEDESOL fue el de aceptar como vinculantes las recomendaciones del Alto Consejo, y confiamos en que a partir del día de hoy, en el que se presentan esas recomendaciones, ese compromiso se cumpla.”

El Alto Consejo invitó a los partidos políticos, organizaciones de la sociedad civil, centros académicos, organismos empresariales, sindicatos, medios de comunicación y a la población en general a ampliar las acciones de vigilancia para prevenir y denunciar, en las instancias correspondientes, las acciones de uso político-electoral de los programas sociales, e informó sobre la etapa siguiente del proyecto, que incluirá una revisión minuciosa del cumplimiento de estas recomendaciones, reconocidas como vinculantes por el Gobierno Federal.

Los integrantes del Alto Consejo señalaron que informarán a la ciudadanía con oportunidad sobre las acciones gubernamentales que se lleven a cabo para proteger a los programas sociales; dando a conocer además su valoración acerca de la coherencia y solidez de dichas acciones.

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