BOLETIN ONU
Naciones Unidas - Centro de Información, México
No. 05/015
25 de febrero de 2005
 

VISITA A MÉXICO DE LA RELATORA ESPECIAL DE LA COMISIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS SOBRE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER

DECLARACIÓN DE PRENSA
 


Yakin Ertürk, Relatora Especial de la Comisión de los Derechos Humanos sobre la Violencia contra la Mujer, sus Causas y Consecuencias, visitó México del 20 al 26 de febrero de 2005. El informe completo sobre su visita, incluyendo las recomendaciones, se presentará en el 62° periodo de sesiones de la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas.

Durante su visita, la señora Ertürk se reunió con representantes del gobierno federal, estatal y municipales, organizaciones no gubernamentales, víctimas y familiares de víctimas de violencia contra la mujer.

Observaciones preliminares

Es de elogiarse, el hecho de que México haya ratificado muchos de los instrumentos internacionales de los derechos humanos y que haya hecho una invitación abierta a los relatores especiales para llevar a cabo misiones de investigación en el país.

La mayor parte de las autoridades y representantes de la sociedad civil reconocen los problemas relacionados con los altos niveles de violencia contra la mujer, incluyendo la que se presenta en las comunidades indígenas y las población migrante. Me proporcionaron diversos datos y estudios que sugieren que esta situación existe en todos los estados y responde a diversas formas de violencia, incluyendo los asesinatos, la prostitución forzada, ataques sexuales, violencia doméstica, entre otras. La discriminación de género produce maltratos en contra de las niñas y mujeres, y restringe el acceso a los servicios. En este aspecto, el alto índice de mortalidad materna y las muertes a causa de la práctica de abortos ilegales, es particularmente alarmante.

Las autoridades mexicanas han dado pasos importantes para enfrentar la violencia contra la mujer tales como la creación de mecanismos para prevenir y sancionar estos actos.

De acuerdo con lo anterior, aplaudo la ley de violencia doméstica que han adoptado varios de los estados y exhorto a los que no lo han hecho a adoptarla. Esta legislación debe contemplar que una tercera persona presente la denuncia por este tipo de actos y también que sea la persona violenta la que tenga que abandonar el domicilio.

Aunado a lo anterior, felicito la iniciativa de reformas constitucionales en materia de derechos humanos propuesta por el Gobierno Federal. Espero también que el Congreso apruebe la reforma al artículo 73 constitucional que habilitará a la federación para tener jurisdicción sobre ciertos casos de violaciones a los derechos humanos que ocurran en los estados.

Las iniciativas relacionadas con la asistencia a mujeres víctimas de violencia como son la creación de líneas telefónicas conectadas a "centros de asistencia" y la construcción de refugios, son pasos muy importantes para aliviar su apremiante dolor. Los refugios deben establecerse por ley en cada estado. Los gobiernos municipal y estatal deben aportar los recursos necesarios para su funcionamiento adecuado.

También son notables las iniciativas emprendidas por varias instituciones que están empoderando a la mujer a través de programas de capacitación, educación y asistencia social tanto para mujeres como para niñas.

Aunque reconozco la importancia de estos esfuerzos, me preocupa la manera en que la administración de la justicia y el sistema de justicia penal están encargándose de los crímenes relacionados con la violencia contra las mujeres.

La impunidad de la violencia sexual contra la mujer es un fenómeno muy extendido y los autores de tales crímenes rara vez son llevados ante la justicia. En las sentencias son poco severas y las imputaciones que atestiguan su culpabilidad se obtienen algunas veces por medio de la tortura, lo que ensombrece estos esfuerzos positivos. Tanto la desconfianza de las víctimas en el sistema judicial como la falta de protección para las mujeres que reportan que han sido víctimas de la violencia contribuyen a los altos índices de impunidad.

La posición subordinada de la mujer en la familia y en la comunidad, así como la falta de información y recursos a su disposición, contribuyen a perpetuar la violencia y a obstaculizar su acceso a la justicia. Aunado a lo anterior, quisiera señalar que me preocupa la falta de receptividad de la policía o de los abogados cuando reciben las denuncias de casos de violencia en contra de las mujeres y su renuencia a tomar acciones para darle seguimiento a estos casos. Este comportamiento no sólo mantiene un sistema de impunidad, sino que también le impide a la mujer ejercer sus derechos en igualdad de condiciones con los hombres, perpetuando así su situación de vulnerabilidad.

Recibí alarmantes informes con respecto a las mujeres indígenas que señalan que la violencia de la que son víctimas a menudo es olvidada o justificada dentro de su contexto cultural. Aunque es importante promover la diversidad cultural, esto no debe ser motivo para contravenir los derechos humanos de las mujeres.

Aprecio los esfuerzos desplegados por el Gobierno Federal, así como del nuevo Gobernador y del Procurador de Justicia del estado de Chihuahua para implementar una perspectiva transparente en las investigaciones de los asesinatos en Ciudad Juárez. Espero que hagan un esfuerzo para entablar un diálogo con las familias de las víctimas y construir un clima de confianza en el sistema judicial. Las nuevas iniciativas y mecanismos desarrollados para investigar todos los casos pendientes de asesinatos y desapariciones en Ciudad Juárez, así como para sancionar a los servidores públicos responsabñes de irregularidades en las investigaciones, son pasos positivos para lograr resultados concretos. Para dar seguimiento a estos esfuerzos, he pedido información específica sobre algunos casos individuales a las autoridades correspondientes, esperando recibir información sobre las acciones concretas que se lleven a cabo.

Es importante que estos esfuerzos no estén limitados a los crímenes en Ciudad Juárez sino que abarquen casos de asesinatos, desapariciones y otras formas de violencia en la ciudad de Chihuahua y en todo el estado. De hecho, este es el momento de avanzar de los compromisos a los resultados concretos.

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