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INTERVENCION DEL PRESIDENTE DE COLOMBIA,
S. E. Sr. ALVARO URIBE VELEZ
58° PERIODO DE SESIONES DE LA
ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS
Nueva York, 30 de septiembre de 2003
Señor Presidente:
Permítame felicitarlo por su elección
a la Presidencia de esta Asamblea y desearle éxitos en el
desempeño de sus funciones.
Angustiados como estamos por el terrorismo que afecta
a tantos países, acudimos a reiterar nuestro compromiso para
luchar hasta dejar atrás dicho flagelo. Colombia reafirma
su fé en el multilateralismo, como el sistema más
efectivo para garantizar la paz, la seguridad, el desarrollo humano,
económico y social. Las Naciones Unidas son insustituibles,
no obstante que para el bien de la humanidad requieren constante
actualización de su estructura y procedimientos para aumentar
la eficacia contra el terrorismo.
Las Naciones Unidas han padecido recientemente el
terrorismo con la muerte de Sergio Viera de Melo, infatigable luchador
por la convivencia. Nos duele el sacrificio de quienes se sacrifican
por extirpar el terror. Y nuestro deber de reciprocidad aumenta
por toda la solidaridad de Naciones Unidas con Colombia.
Hace un año expuse la política de Seguridad
Democrática para liberar a nuestro pueblo del terrorismo.
Esta política es para proteger a todos los ciudadanos sin
importar su status económico o social, sean cuales fueren
sus ideas políticas o creencias religiosas. Esta política
es para proteger por igual al líder empresarial o sindical,
al dirigente afín al Gobierno o integrante de la oposición.
Esta política se fundamenta en el sueño de una Nación
pluralista, en permanente debate constructivo, sin odios y fraterno.
En casi 1.200.000 kilómetros cuadrados, con
cerca de 400.000 de selva, la ausencia del Estado en muchos lugares
ha sido aprovechada por los terroristas.
De los 1.100 municipios, en 170 no había presencia
de policía. Ya ha llegado a 151 y esperamos tener cobertura
en todos dentro de pocas semanas. Sin embargo, hay centenares de
cascos urbanos, que sin ser cabeceras municipales, requieren policía.
En 439 municipios hemos instalado soldados e infantes de marina,
denominados de Mi Pueblo, que prestan su servicio militar en la
localidad donde residen. Los resultados son buenos y grande la esperanza
de contar con ellos, después de su período activo
en la fuerza pública, como líderes en el respeto a
la ley, y por siempre.
Estos esfuerzos, junto con otros emprendidos, tendrán
que continuar para que el Estado desaloje al terrorismo.
Quiero compartir con usted Señor Presidente
y con la Asamblea algunos resultados logrados en los primeros nueve
meses del año.
En homicidios, se registra un descenso del 22% en`
relación con el mismo período de 2002, al pasar de
21.253 a 16.531. Los 1.485 secuestros ocurridos representan un descenso
del 34,7%, las víctimas de secuestro en retenes ilegales
descendieron en un 49% y el número de rescates de secuestrados
se incrementó en un 22,8%. Sin embargo: ¿Qué
país se puede conformar con 1.485 secuestros en 9 meses?
Las masacres y sus víctimas se han reducido
en un 35% y en un 41 respectivamente. Podremos cantar victoria cuando
estén erradicadas por completo, porque cada una que sucede
trae dolor a la Nación entera, como las causadas por las
FARC con un carro bomba en el Club El Nogal, con una embarcación
bomba en la comunidad rural de Puerto Rico, con un camión
bomba en el humilde poblado de Chita, que suman 47 muertos y 233
heridos. Y hace apenas algunas horas en Florencia con 12 muertos
y 46 heridos.
Se ha presentado una reducción de 120 a 36
sindicalistas asesinados. Varios de los asesinos están en
las cárceles, como consecuencia de nuestra determinación
contra la impunidad.
De 60 maestros asesinados en 2.002, este año
se registran 24 casos.
Los asesinatos de periodistas han bajado de 9 á
5.
La disminución en todos estos crímenes
es significativa, pero continúa en niveles alarmantes. Ningún
país se puede conformar con tales circunstancias.
Reafirmo nuestro afán democrático de
proteger con especial énfasis a maestros, sindicalistas y
periodistas.
Debo admitir con dolor que el asesinato de indígenas
ha pasado de 72 a 75 casos. Las autodefensas son responsables de
33 casos y las diferentes guerrillas del resto.
En el primer semestre del 2.003 se presentaron 73.586
casos de desplazamiento. Significa una reducción del 66%.
Estamos empezando con éxito el retorno de familias a los
lugares de origen.
Reafirmo nuestra voluntad de lucha para proteger
a los indígenas y frenar el desplazamiento.
De los 246 alcaldes que en Agosto de 2.002 se encontraban
alejados de sus municipios por amenazas, ya 191 han regresado gracias
al avance en seguridad.
Los avances en la protección de nuestros compatriotas
nos animan a continuar con denuedo en ese empeño.
Del 7 de agosto del 2002 al 7 de agosto del 2003
se capturaron 2.544 miembros de las autodefensas ilegales, lo que
representa un aumento del 146%. El número de dados de baja
por la fuerza pública aumentó en un 38.7%. Los guerrilleros
capturados han aumentado en un 126.3%, y los dados de baja en un
78%.
Por acendrada convicción democrática
ratifico nuestro compromiso con los Derechos Humanos.
Hemos prolongado la permanencia de la oficina del
Alto Comisionado en Bogotá. Compartimos muchas de sus recomendaciones.
No dudamos en buscar su aplicación y discutimos en aquellos
casos de desacuerdo.
Nuestra consigna a los soldados y policías
es: eficacia y respeto por los Derechos Humanos. Estimulamos y queremos
a nuestra fuerza pública como lo demostramos recientemente
con la mejoría introducida al sistema de seguridad social,
pero no vacilamos en llevar a la cárcel a quienes violen
la ley.
El sacrificio de nuestros soldados y policías
ha sido inmenso: este año, solamente por minas antipersonales
han sido asesinados 109 soldados y 334 han resultado heridos, muchos
de ellos definitivamente mutilados.
Si pedimos apoyo internacional es porque estamos
abiertos a la observación internacional. Respetamos las organizaciones
y trabajadores de Derechos Humanos que proceden con seriedad, respetamos
sus críticas y sugerencias constructivas.
Estas organizaciones son un aporte al mejoramiento
de las condiciones democráticas. Por eso compartimos el informe
sobre los niños reclutados por los terroristas que ha presentado
Human Rights Watch. Reservamos el derecho de disentir frente a informes
sesgados, que distorsionan nuestros esfuerzos por un concepto democrático
de seguridad.
Como lo registra Naciones Unidas, hemos avanzado
sustancialmente en la destrucción de la droga. Se ha erradicado
el 70% de los cultivos ilícitos y no desmayaremos hasta desterrar
de nuestro medio esa grave plaga. Se ha autorizado la extradición
de 94 personas por delitos de narcotráfico.
Hemos contratado como guardabosques a 5.400 familias
que reciben una compensación económica para evitar
la reaparición de la droga allí donde se ha eliminado
y para cuidar la recuperación del bosque tropical. La meta
es completar 50.000 familias.
Para confiscar el enriquecimiento ilícito
se introdujo agilidad en el procedimiento legal, lo cual ha permitido
un aumento en un año de 5 a 68 sentencias, producidas por
la justicia.
En la situación colombiana, terrorismo, droga,
violencia e inseguridad son una misma cosa. Imploramos del mundo
su compromiso para que derrotemos totalmente la droga. Imploramos
del mundo que no alberguen a nuestros terroristas, nos ayuden a
confiscarles sus bienes y solamente les abran sus puertas para ayudar
a procesos de paz.
El nuestro es un Estado de Derecho. Queremos superar
el terrorismo y poder mirar a ustedes a los ojos con la tranquilidad
de haberlo hecho con ajuste riguroso a la ley.
Para luchar contra la impunidad se ha incorporado
el sistema penal acusatorio y el procedimiento oral, que empezarán
a practicarse en 2.005.
En la actualidad tramitamos una modificación
Constitucional para permitir a la fuerza pública proceder
con personal especializado, en casos de terrorismo, a efectuar capturas,
allanamientos e interceptaciones. Con salvaguardias democráticas
para que el fiscal independiente intervenga en el curso de las siguientes
horas, la Procuraduría sea informada y también el
Congreso, competente para el control político. Las atribuciones
propuestas son infinitamente menores a normas vigentes en democracias
sin nuestro riesgo terrorista.
Este Gobierno encontró aproximadamente 30.000
personas integradas a organizaciones que son terroristas por la
naturaleza de sus hechos. Una mirada y una reflexión sobre
la cifra imponen la necesidad de persistir en la política
de autoridad y de abrir caminos de negociación, previo cese
de hostilidades.
Agradezco los esfuerzos realizados por el Secretario
General en el último año para buscar caminos de paz
con las FARC. El Gobierno apoya la gestión de buenos oficios
que hasta ahora ha sido infructuosa por falta de voluntad de los
terroristas. Este grupo mantiene en cautiverio a centenares de colombianos
y a algunos extranjeros, la mayoría en campos de concentración
que recuerdan a los nazis. Reitero al Secretario General la disposición
de buscar un acuerdo que él sugiera para liberar a los secuestrados,
en condiciones razonables ajustadas a las normas jurídicas
y que no fortalezcan la violencia.
Desde el Gobierno anterior, a través de Cuba
por un lado y de varios gobiernos por otro, se ha buscado un proceso
de paz con el ELN. Hemos hecho todos los esfuerzos hasta ahora inútiles.
A los líderes de esa organización que están
en la cárcel se ha dispensado el mejor trato posible. El
30 de Junio, por intermedio de una comisión facilitadora,
ofrecí examinar una excarcelación a cambio de que
renunciaran a actividades armadas y se dedicaran a ayudar a construir
la paz. No tuve respuesta positiva, pero insistiré.
El ELN mantiene secuestrados 7 ciudadanos extranjeros.
Debería liberarlos bajo su promesa de un cese de delitos
durante el actual proceso electoral.
También desde el anterior Gobierno, con mediación
de la Iglesia Católica, se ha buscado un proceso de paz con
las autodefensas ilegales. La condición es la misma: cese
de hostilidades. Grupos de estas organizaciones que representan
10.000 personas o más, han expresado la voluntad de desmovilizarse.
El Gobierno adelanta ese proceso.
En lo corrido de mi administración se han
desmovilizado 2.215 miembros de grupos terroristas. De ellos el
70% son de las FARC, el 18% del ELN y el 12% de las Autodefensas.
Para reintegrar a la vida civil a los diferentes
grupos, Colombia necesita una norma jurídica que, con realismo,
defina cómo hacer justicia, reparar a la comunidad y asegurar
la paz. El proyecto de alternatividad penal, presentado por el.
Gobierno a estudio del Congreso, propone encontrar herramientas
legales transparentes que permitan avanzar en esa dirección
con las autodefensas ilegales, las FARC y el ELN.
Comprendo la preocupación que surge de atenuar
la justicia frente a delitos graves, pero también debe entenderse
que en un contexto de 30.000 terroristas, la paz definitiva es la
mejor justicia para una Nación en la cual varias generaciones
no han conocido un día sin actos de terror.
El proyecto ha generado controversia nacional e internacional.
Queremos el mayor consenso posible. Invitamos a examinar diferentes
opciones y a lograr con modificaciones el mejor texto final. Para
derrotar el terrorismo no tenemos dilemas. Sin embargo, hay momentos
que demandan ajustar la ecuación entre justicia y paz para
que esta llegue y se consolide. Llevamos con nosotros lo expresado
por el Secretario General, Kofi Annan, quien ha propuesto un magnífico
balance entre la necesidad de la justicia y la de salvar vidas inocentes.
Para proteger a la comunidad necesitamos perseguir
implacablemente a los terroristas y no desaprovechar oportunidades
de conseguir acuerdos de paz, siempre que ellos con sus hechos convenzan
a Colombia y al mundo de su buena fe y de su ánimo de rectificación.
Nuestro problema es una amenaza internacional. Si
Colombia no destruye la droga, la droga destruirá la cuenca
amazónica. Si Colombia no frena el terrorismo, este pondrá
en dificultades a las democracias de la región. De este modo
lo han entendido el Presidente de Ecuador, Lucio Gutiérrez,
y el Grupo de Río que aprobó su proposición
para que Naciones Unidas adelante esfuerzos tendientes a la negociación
con los terroristas colombianos, o en su defecto se busquen alternativas
para superar el problema.
Nuestro Estado de Derecho es Social. La pobreza y
las desigualdades han sido agudizadas por el terrorismo. Estamos
avanzando en medio de la estrechez de los recursos para aplicar
las 7 herramientas de equidad: la revolución educativa, la
ampliación de la protección social, el impulso a la
economía solidaria, el manejo social del campo, de los servicios
públicos, la construcción de un país de propietarios
y el mejoramiento de la calidad de vida urbana.
A manera de ejemplos, algunas cifras: han sido creados
500.000 cupos escolares pero todavía tenemos 1.500.000 niños
sin educación básica; el micro crédito ha aumentado
en un 50%, pero aún estamos lejos del país de propietarios.
La tarea social es ardua, pero con la determinación que nos
jalona, venceremos todos los obstáculos para construir una
sociedad justa.
La seguridad es el primero de los derechos humanos
de los pobres que necesitan el éxito de nuestra política
para que haya tranquilidad, confianza, inversión empleo y
equidad.
En medio de tragedias la democracia colombiana es
vigorosa. El 25 de Octubre los ciudadanos decidirán si aceptan
o no un Referendo propuesto para derrotar la corrupción y
fortalecer la inversión social.
Y al día siguiente el pueblo elegirá
30 gobernadores entre 133 candidatos; 914 alcaldes entre 3.441 candidatos;
398 diputados entre 373 listas integradas por 2.723 candidatos;
de 6.105 listas con 56.590 candidatos se elegirán cerca de
9.000 concejales municipales; y, de 3.156 listas con 13.387 candidatos
serán elegidas las juntas administradoras locales.
Hoy vivimos una democracia plural y entusiasta a
pesar del desafío terrorista.
Señor Presidente:
Sería una tragedia que el mundo civilizado
no uniera sus fuerzas para derrotar el terrorismo y para respaldar
a las democracias que luchan contra él. Necesitamos la unión
de todos los demócratas para derrotar el terror.
Muchas gracias.
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