Poster Armas Pequeñas
Aplastar al Tráfico Ilícito de Drogas

Situación en América Latina

La creencia de que un arma puede servir para protección genera en Argentina dos muertes por día en hechos no policiales, accidentales o en peleas entre conocidos. Que resulte fácil obtenerlas revela que rige un paradigma equivocado en la legislación: debe avanzarse desde una normativa del “derecho” a poseer una indefinida cantidad de armas a otra que lo establezca claramente como el “privilegio” de tenerlas, frente una sociedad construida para vivir y dejar vivir y no para matar y dejar matar.

La campaña de recolección y destrucción de armas del gobierno en Mendoza del año 2000 (3.000 armas y 8 mil municiones entregadas), con apoyo de diversas organizaciones de la sociedad civil y la consecuente política de control integral de armas y municiones y de gestión de arsenales y depóstos, son ejemplos del camino a seguir.

Las armas recolectadas fueron destruidas y convertidas en objetos de arte. Se conformaron redes de ONG por el desarme en el interior de Argentina y la Red Argentina para el Desarme; se creó la Coalición Latinoamericana para la Prevención de la Violencia Armada (CLAVE), como consecuencia de dos situaciones: el trabajo de las organizaciones sociales en cada rincón del continente y la respuesta a la realidad violenta de América Latina, al tope del ranking mundial de muertes por armas de fuego.

Bolivia está convencido de que el problema es complejo y que requiere de acuerdos internacionales para dirigir el comercio ilícito de armas pequeñas y ligeras. Bolivia ha adopatado la iniciativa de una ley respecto a las municiones y explosivos, los principios de esta ley ahora son parte de la política estatal. Esta ley mejorará mucho el control estatal sobre la operación, adquisición, posesión y uso de armas por los civiles. Bolivia es parte de la convención para la prohibición y restricción del uso de ciertas armas. Bolivia tiene planes para la ratificación del Protocolo Internacional de Armas de Fuego y Municiones, que complementa la Convención de la ONU contra el Crimen Organizado Trasnacional.

El Código Penal de Cuba, así como otras leyes, regulaciones y procedimientos, tiene elementos que aseguran los medios adecuados para enfrentar el crimen, la fabricación, la posesión, el apilamiento y el comercio ilícito de las armas pequeñas. El Código Penal también impone sanciones severas para quienes infrinjan en estos delitos, enfatizó que no existen intermediarios del comercio de armas en Cuba y el Estado controla todas las actividades trascendentes.

En Cuba no existe un exceso de armas así que el país no cuenta con un programa de destrucción, las únicas armas que se destruyen son aquéllas ligeras que están en una condición pobre. En cuanto a la cooperación internacional, Cuba es un país miembro de la Policía Criminal Internacional (Interpol) y, entre otras cosas, ha albergado reuniones conjuntas de ésta organización mundial. Cuba también ha participado en acontecimientos patrocinados por el Centro Regional de la ONU para la Paz, el desarme y el desarrollo en América Latina y el Caribe. Sobretodo, Cuba considera que mientras las armas pequeñas son una forma de defensa para la mayoría de los países, para otros pocos representan sólo una categoría de armas según arsenales militares vastos, que incluyen armas de destrucción masiva (ADM), así entonces, las decisiones de la Conferencia de Revisión se deben basar en los principios de la Carta, en especial aquéllos que se refieren a la soberanía, la no intervención y la autodeterminación.

En Guatemala los compromisos adoptados en el 2001 han llevado a la adopción de políticas relevantes en su propio país, a la generación de acciones gubernamentales y a la toma de iniciativas realizadas por organizaciones de la sociedad civil. La Comisión Nacional Guatemalteca está trabajando con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) para reducir todas las formas de violencia armada. El cuerpo legislativo del país está fundamentando en la base de un plan de acción nacional para combatir el comercio ilegal de armas. El gobierno ha estado muy activo en varias conferencias y reuniones regionales, la más reciente llevó a una decisión, la Declaración de Antigua, que buscó dirigir las prioridades locales y regionales que no se han incluido o manejado con eficacia en el marco de la ONU.

Al ver hacia delante, los intereses del país y las acciones planeadas a futuro no están determinadas por algún conflicto, sino por implicaciones sociales del comercio ilegal de armas pequeñas, que incluyen la actividad criminal transnacional, el desarrollo estancado y la violación de los derechos humanos, al final, se espera que las negociaciones sobre el documento resultante de la Conferencia concluyan con éxito, el problema no conoce de límites culturales, regionales o sociales y deben enfrentarlo todos las ONG y los Estados al trabajar en conjunto.

En Guatemala como en toda Latinoamérica, el tráfico ilícito de armas pequeñas no surge de una situación de conflicto o post-conflicto. Es, en cambio, generada por desigualdad social, falta de oportunidades socio-económicas, la debilidad de los Estados de garantizar el Estado de Derecho, la creciente presencia de la narcoactividad, y la existencia de crimen organizado, factores que de igual manera afectan negativamente el desarrollo y a la seguridad ciudadana.

México enfrenta a nivel interno el problema del tráfico ilícito de las armas pequeñas y ligeras, y está plenamente consciente de la amenaza que representan a nivel regional y global. En este sentido, reiteramos nuestro total apoyo al proceso, y a su continuidad . Por ello, México insta a los Estados a acordar los mecanismos de seguimiento necesarios para revisar en forma periódica los avances y reunirse nuevamente a más tardar en 2011 en una Segunda Conferencia de Examen . No menos importante será impulsar el desarrollo progresivo y la codificación del derecho internacional en la materia. Los controles en la posesión civil son un factor clave ya que la mayoría de las armas que circulan ilícitamente fueron alguna vez producto del comercio legal.

Para México, como para otros países que lo han referido en sus informes nacionales, estas armas caen en manos de la delincuencia común, delincuencia organizada e incluso de grupos terroristas, lo cual constituye una grave amenaza a la seguridad nacional, regional e internacional. Este trabajo ha incluido acciones legislativas y administrativas, la integración de un grupo intersecretarial para la atención del tema, la elaboración de estrategias de recolección de armas, la adopción de acuerdos bilaterales y una intensa participación en negociaciones multilaterales de instrumentos relativos a las armas pequeñas y ligeras . En el esfuerzo se han sumado distintos actores gubernamentales y se han emprendido acciones conjuntas con organizaciones de la sociedad civil, con buenos resultados .

Nicaragua ha frenado de manera importante el flagelo provocado por el comercio ilícito de armas pequeñas a nivel nacional con la adopción del Programa de Acción del 2001 en la Asamblea. Las iniciativas del país consideran los esquemas del control de armas pequeñas definidos en el Programa, a la par de los esfuerzos para asegurar la cooperación entre las entidades Estatales para combatir y regular el comercio ilícito. Nicaragua trabaja con otros miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) para ayudar a los países más afectados de la región y que fortalezcan su capacidad para la lucha contra el comercio ilícito de armas pequeñas en sus territorios.

Perú es parte de instrumentos internacionales relacionados con el el desarme y ha incorporado la legislación nacional a los aspectos conceptuales de la Convención Interamericana contra la Fabricación y el Tráfico Ilegal de Armas de fuego, las partes, los componentes y las municiones. Perú también ha intensificado los contactos con la Comunidad Andina para implementar la Decisión 552, el Plan Andino para la prevención, la lucha y la eliminación del tráfico ilegal de armas ligeras y pequeñas en todos sus aspectos. El país también está participando con el grupo de trabajo de armas de fuego y municiones del MERCOSUR y sus Estados Asociados.

República Dominicana ha adoptado el Plan de Acción del 2001 a la vez de seguir participando de manera continua en los esfuerzos mundiales para asegurar así la implementación. El país tiene un interés particular en aquellos que dirigen el desarrollo socioeconómico y aspectos de la seguridad del comercio de las armas pequeñas ilegales. Por su parte República Dominicana ha promulagdo una legislación para regular las ventas, la posesión de armas de fuego y los componentes.

Uruguay ha ratificado, entre otros instrumentos regionales, la Convención Interamericana contra la Fabricación y Tráfico Ilegal de Armas Pequeñas. A nivel subregional, ha participado en los grupos de trabajo del MERCOSUR sobre armas de fuego, que llevaron a la aprobación de un Memorando Regional para el entendimiento del intercambio de información del tráfico ilegal de armas de fuego, municiones, explosivos y otros materiales relacionados.

Venezuela ha aprobado varias leyes para controlar el comercio ilícito, incluyendo las leyes sobre armas, explosivos y las regulaciones pertienentes, la legislación juridica de desarme para proteger y controlar los arsenales, los depositos de armas y las municiones. En el 2005 el gobierno venezolano lanzó una campaña pública para evitar, combatir y eliminar el comercio ilícito de armas pequeñas. Venezuela también ha estado cumpliendo con los lineamientos establecidos en la Convención Interamericana contra la Fabricación Ilegal de Armas de Fuego, municiones, explosivos y otros materiales relacionados y ha participado en el Grupo de Trabajo de armas de fuego y municiones de MERCOSUR y los Estados Asociados.



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