Panamá
Severino Mejía
Mosquera, Director Institucional en Asuntos de Seguridad Pública
del Ministerio de Gobierno y Justicia de la Repúbliica
de Panamá dijo que para regular y frenar la proliferación,
así como la destrucción de armas ilegales, el gobierno
panameño ha fortalecido la política y ha reforzado
las agencias jurídicas. Después fue necesario que
la policía creara una fuerza de tarea para avocarse sólo
en el registro y rastreo del movimiento de las armas de fuego
en el país. También lanzó una comisión
multidisciplinaria nacional, que incluye a representantes de la
sociedad civil, que han elaborado el nuevo sistema nacional para
el control de las armas de fuego. Está ansioso porque el
Congreso panameño pronto adopte la nueva regulación.
Continuó diciendo que la comisión ha realizado un
estudio a conciencia para evaluar el impacto de las armas en el
público y las dimensiones socio-económicas del uso
no controlado y la distribución de las armas.
La República
de Panamá no tiene empresas autorizadas para la fabricación
y exportación de armas de fuego y municiones. Su legislación
es clara al señalar que: "Se prohibe la importación
y venta de accesorios que permitan la fabricación de armas
o la transformación de la misma a un arma de uso no permitido".
Sin embargo esto no influye en los hechos reales que vivimos al
ver un incremento desmedido en la tenencia y porte ilegal de armas
en manos no autorizadas y ser un puente de trasiego, de un área
geográfica a otra.
La iniciativa
ha llevado al lanzamiento de varias campañas para aumentar
la conciencia dirigidas a la distribución de la información
acerca del comercio ilegal de armas pequeñas y la manera
en que afecta la vida cotidiana de los panameños. Uno de
los programas más exitosos bajo esta iniciativa ha sido
la campaña "Armas por Comida", con la que los
ciudadanos entregaron cerca de 600 armas de fuego en los últimos
dos años, a la vez de la destrucción de miles de
armas de fuego y municiones. Al hablar de nuevo del trabajo en
la Conferencia, exhortó a los Estados a que adopten medidas
jurídicas para marcar y trazar las armas. Pidió
que los Estados miembros continuaran la discusión y que
provean asistencia para implementar los esfuerzos nacionales del
Programa de Acción de 2001.
El
Salvador
La Embajadora
Carmen María Gallardo Hernández, Representante Permanente
de las Naciones Unidas en la República de El Salvador dijo
que su país ha hecho esfuerzos importantes al implementar
el Programa de Acción de 2001, la adopción de nuevos
controles jurídicos internos, la incorporación de
dimensiones humanas, humanitarias y socioeconómicas en
tales leyes, así como pautas y procedimientos administrativos
adecuados. Es importante desarrollar mecanismos bilaterales entre
países vecinos y contrarrestar el tráfico de armas
pequeñas y ligeras en fronteras comunes, así como
un mecanismo necesario. La cooperación con la Policía
Criminal Internacional (Interpol) también ayudaría
a la implementación de los esfuerzos.
Expresó
la preocupación por el vínculo entre el crimen organizado
y los grupos ilegales involucrados en la delincuencia juvenil,
que amenazan la seguridad Estatal y el desarrollo socioeconómico.
Dicha preocupación también se refiere a la transferencia
de armas pequeñas y ligeras entre grupos de civiles o milicias,
pandillas juveniles o maras que ponen en peligro la democracia,
el ejercicio del gobierno y la observancia jurídica.
La representante
salvadoreña pidió mayor disponibilidad y cooperación
técnica, a la vez de notar que si bien los Estados han
demostrado voluntad política para ayudar en la lucha contra
las armas pequeñas y ligeras, aún son necesarios
recursos suficientes para ganar la batalla. Es necesario un fondo
fiduciario permanente bajo el auspicio de la ONU basado en las
contribuciones voluntarias de los Estados miembros y que complemente
el Programa de Acción. Elogió el trabajo del PNUD
en El Salvador que junto con el Consejo Nacional de Seguridad
Pública estaba coordinando un programa para eliminar las
armas de fuego ilegales en espacios públicos. El programa
ha tenido resultados positivos.
Organización de los Estados Americanos
(OEA)
Allison Auguist-Treppel
del Departamento de Seguridad Pública de la OEA, dijo que
la organización ha estado combatiendo los movimientos transnacionales
ilegales de armas de fuego y explosivos, desde principios de los
noventa del siglo pasado, el control armonizado del tráfico
que comenzaron en muchos Estados latinoamericanos, del Caribe
y del continente. También actualizó la Conferencia
sobre la Convención de Negociación de la OEA acerca
del comercio ilícito de armas de fuego, municiones y explosivos.
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