Javier Williams Slate, Viceministro de Relaciones Exteriores de Nicaragua dijo que, al considerar el tráfico ilícito de armas pequeñas y armas ligeras, las consecuencias en casi todos los países del orbe así como el crimen organizado transnacional van en aumento, la comunidad internacional debe preguntarse "¿Qué hemos hecho para mantener los compromisos que hicimos hace cinco años? Nicaragua, por su parte, ha frenado de manera importante el hostigamiento provocado por el comercio ilícito de armas pequeñas a nivel nacional con la adopción del Programa de Acción del 2001 en la Asamblea. Las iniciativas del país consideran los esquemas del control de armas pequeñas definidas en el Programa, a la par de los esfuerzos para asegurar la cooperación entre las entidades Estatales para combatir y regular el comercio ilícito. Nicaragua continúa haciendo sus mejores esfuerzos para desactivar e incautar arsenales de armas y combatir de esta forma las acciones vinculadas con el tráfico ilícito de armas y transferencias, así como de grupos relacionados con el narcotráfico . De cualquier manera, el gobierno está consciente que el esfuerzo no es suficiente y que da pasos para frenar el flujo de las armas ilícitas junto con una iniciativa para enfrentar a los traficantes de estupefacientes, a niveles nacionales y regionales. También existe una propuesta para monitorear el almacenamiento y flujo de municiones, los esfuerzos para promover las medidas conjuntas entre los Estados centroamericanos, con el propósito de ensanchar las medidas preventivas para fortalecer la seguridad y promover la paz en la región. Pidió al Presidente de la Conferencia incluir ejemplos de las iniciativas regionales y nacionales de Nicaragua, que se han convertido en los mejores modelos de práctica al respecto, en los documentos de las reuniones, y exhortó a otros Estados a adoptar políticas semejantes. También comentó que Nicaragua trabaja con otros miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) para ayudar a los países más afectados de la región y que fortalezcan su capacidad para la lucha contra el comercio ilícito de armas pequeñas en sus territorios. Pidió a estos Estados que aprovechen la ayuda técnica que la OEA puede ofrecer. Añadió que Nicaragua está destruyendo activamente las armas y la artillería, las minas y municiones antiaéreas, así como las granadas de mano, los lanzadores de granadas y detonantes. Por último, exhortó a los participantes que trabajen en conjunto para llegar a un resultado concreto y aterrizado que no sea sólo una decisión más.
Francisco Javier Arias Cárdenas de Venezuela dijo que en abril su país presentó el informe más reciente del progreso al implementar el Programa de Acción, en particular lo concerniente a la marca, registro y control de armas pequeñas y ligeras. Venezuela ha aprobado varias leyes para controlar el comercio ilícito, incluyendo las leyes sobre armas, explosivos y las regulaciones pertinentes, la legislación jurídica de desarme para proteger y controlar los arsenales, los depósitos de armas y las municiones. Todas las armas pequeñas confiscadas y las armas ligeras que no están marcadas se destruyeron en público. La posesión, comercio y fabricación de armas pequeñas y ligeras ilegales es un delito y los delincuentes pueden pasar de cinco a ocho años de prisión de acuerdo con el Código Penal y la Reforma Jurídica Parcial. Desde que entró en vigor la Ley de Desarme, se han dirigido seis procesos para destruir en público un total de 66, 529 armas ilegales con un peso total de 50 toneladas. El dinero ahorrado por esta acción se dedicó a una fundación para ayudar a las víctimas heridas por armas de fuego, además, se formó el Sistema Nacional de Registro Automático de Armas de Fuego. En el 2005 el gobierno venezolano lanzó una campaña pública para evitar, combatir y eliminar el comercio ilícito de armas pequeñas. En junio, Organizaciones No Gubernamentales como Amnistía Internacional y el gobierno venezolano realizó en Caracas un seminario sobre el control de armas para profesionales de Argentina, Brasil, España y Suecia para discutir acontecimientos exitosos del desarme. Venezuela también ha estado cumpliendo con los lineamientos establecidos en la Convención Interamericana contra la Fabricación Ilegal de Armas de Fuego, municiones, explosivos y otros materiales relacionados y ha participado en el Grupo de Trabajo de armas de fuego y municiones de del MERCOSUR y los Estados Asociados. Venezuela
considera que la prevención, eliminación y combate
del tráfico ilícito de armas pequeñas y ligeras
a nivel global debe llevarse a cabo en el marco de la cooperación
internacional, en el entendimiento de que es al Estado a quien
corresponde tomar las medidas necesarias, conforme a su legislación
interna, Para Venezuela, el problema del tráfico ilícito de armas pequeñas y ligeras constituye un asunto que se inscribe dentro del concepto de seguridad ciudadana y abarca la prevención del crimen. No obstante, Venezuela comprende que para otros países y otras regiones del mundo, el problema del tráfico ilícito de armas pequeñas y ligeras pudiera presentar características particulares. Por ello, considera que la búsqueda de soluciones al tráfico ilícito de armas pequeñas y ligeras debe responder a un enfoque general y equilibrado que tome en consideración las particularidades y experiencias de cada país, región o subregión.
Bolivia: Bolivia está convencido que el problema es complejo y que requiere de acuerdos internacionales para dirigir el comercio ilícito de armas pequeñas y ligeras. Bolivia ha adoptado la iniciativa de una ley respecto a las municiones y explosivos, los principios de esta ley ahora son parte de la política Estatal. Esta ley mejorará mucho el control Estatal sobre la operación, adquisición, posesión y uso de armas por los civiles. Bolivia es parte de la convención para la prohibición y restricción del uso de ciertas armas. Bolivia tiene planes para la ratificación del Protocolo Internacional de Armas de Fuego y Municiones, que complementa la Convención de la ONU contra el Crimen Organizado Transnacional. El Gobierno
considera que es fundamental adoptar acuerdos internacionales
comunes de naturaleza jurídica sobre transferencia de armas
pequeñas y ligeras y elaborar normas nacionales e internacionales
para prevenir, entre otros, la intermediación ilegal, fortaleciendo
de esta manera, las medidas preventivas señaladas en el
Capitulo Il del UNPOA. En tal sentido, Bolivia está empeñada
en aprobar el Proyecto de la
Ricardo Morote de la Misión Permanente de Perú ante las Naciones Unidas dijo que su país trabaja de manera activa para asegurar el éxito en la Conferencia de Revisión. Perú es parte de instrumentos internacionales relacionados con el desarme y ha incorporado la legislación nacional a los aspectos conceptuales de la Convención Interamericana contra la fabricación y el tráfico ilegal de armas de fuego, las partes, los componentes y las municiones. Perú también ha intensificado los contactos con la Comunidad Andina para implementar la Decisión 552, el Plan Andino para la prevención, la lucha y la eliminación del tráfico ilegal de armas ligeras y pequeñas en todos sus aspectos. El país también está participando con el grupo de trabajo de armas de fuego y municiones del MERCOSUR y los Estados Asociados. A través de la suscripción de instrumentos internacionales, Perú se ha obligado en la aplicación de disposiciones vinculadas con el combate de este flagelo, habiendo incorporado en su legislación interna los aspectos conceptuales de la Convención Interamericana contra la Fabricación y el Tráfico ilícitos de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y otros Materiales Relacionados, así como del Protocolo de Naciones Unidas contra la Fabricación y el Tráfico Ilícitos de Armas de Fuego, sus Piezas y Componentes y Municiones, los mismos que constituyen importantes referentes de nuestra acción en este tema. Igualmente, han intensificado sus contactos con las organizaciones sub-regionales como la Comunidad Andina, particularmente después de junio de 2003 con la firma de la Decisión 552, Plan Andino para la Prevención, Combate y Erradicación del Tráfico Ilícito de Armas Pequeñas y Ligeras en Todos sus Aspectos, a fin de elaborar, implementar y sustentar una estrategia integral para la prevención de este problema, a nivel andino . Asimismo, Perú participa, en su calidad de Estado Asociado, en las reuniones del Grupo de Trabajo sobre Armas de Fuego y Municiones del MERCOSUR y Estados Asociados, mecanismo que ha permitido un importante grado de coordinación y concertación para avanzar en el establecimiento de una posición conjunta, que ha sido presentada en su discurso por el distinguido Jefe de Delegación de Argentina, que Perú endosa en su totalidad. También hace suya la "Declaración de Antigua" que fue adoptada en la reunión regional de los países de América Latina y el Caribe que se realizó en Guatemala en mayo del 2006. La ley peruana de Amnistía y Regularización, que entró en vigor en agosto, alienta a la población a entregar las armas ilegales para el órgano de control, así como las autoridades policiales, militares y judiciales. El proyecto del Reto de Lima 2006 involucra la destrucción de armas confiscadas, seminarios y campañas de difusión para las autoridades administrativas, judiciales y políticas, así como los programas para mejorar el manejo de las armas en casa. Queda aún mucho trabajo para implementar el Programa de Acción, se apoyó la creación del Fondo Fiduciario y, bajo el patrocinio de la ONU, se proveerá la cooperación así como la ayuda técnica y financiera para implementar el Programa de Acción.
La Señora Ministro Susana Rivero Representante Permanente Alterna del Uruguay ante las Naciones Unidas dijo que la Conferencia de Revisión es un foro para que, se exploren nuevas maneras para controlar la transferencia de armas, así como las medidas de fortalecimiento para marcar y rastrear las armas y las municiones, facilitando la cooperación internacional, fortalecer las medidas dirigidas al registro y control de las armas. También comentó que aunque Uruguay no ha detectado la existencia de cualquier tráfico ilegal de armas, lanzó una campaña para destruir armas pequeñas que no estuvieran debidamente registradas o que se hayan usado en actividades ilegales. En los últimos ocho años, el gobierno ha lanzado campañas para fomentar las iniciativas contra las armas ligeras y, hasta ahora, cerca de 20,000 armas se han destruido. Continuó declarando que Uruguay ha ratificado, entre otros instrumentos regionales, la Convención Interamericana contra la Fabricación y Tráfico Ilegal de Armas Pequeñas. A nivel subregional, ha participado en los grupos de trabajo del MERCOSUR sobre armas de fuego, que llevaron a la aprobación de un Memorando Regional para el entendimiento del intercambio de información del tráfico ilegal de armas de fuego, municiones, explosivos y otros materiales relacionados. Uruguay ha realizado importantes esfuerzos para adaptar su política y legislación a los instrumentos internacionales y regionales vinculados al tráfico ilícito de armas pequeñas y ligeras. En la actualidad el país cuenta con un conjunto de leyes, reglamentos y procedimientos administrativos que le permiten ejercer un control efectivo sobre las armas pequeñas y ligeras en los aspectos relativos a la producción, exportación, importación, tránsito y retransferencia. La Ministro resalta en particular la labor del Registro Nacional de Armas del Uruguay que, entre otras funciones, centraliza el registro actualizado de las armas de fuego, identifica las características y propiedad de dichas armas, concede las autorizaciones de tenencia y porte de las mismas, controla las transferencias de propiedad, su extravío y hurto. |
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